Las organizaciones laicistas vuelven a la carga evidenciando una vez más su enfermiza obsesión contra todo lo que huele a incienso o sea relacionado con la Iglesia. Una Iglesia a la atacan sistemáticamente obviando interesadamente que la formamos todos los católicos y no sólo la curia como parece desprenderse de su lenguaje belicista.
Como queriendo justificar su retorno de las vacaciones, en las últimas horas varias filiales de Andalucía Laica han emitido informes cuyo eje argumental es el recurrente ataque a la Iglesia, oculto bajo argumentos contra el uso de edificios que consideran públicos, contra la exención del pago del IBI o, incluso, llegando a lamentar el uso de un balcón para la colocación de una banderola en honor a la Virgen, un hecho que, como es de lógico causa daños irreparables para la salud democrática del Estado, sobre todo considerando la que está cayendo.
En la ciudad de San Rafael, Andalucía Laica ha denunciado a través de un estudio sobre el uso «clerical» de edificios públicos en la ciudad, en el que incluye una comparativa con otras entidades. Así, se acusa a la Iglesia Católica de aprovecharse de su exención de pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) para mantener sus edificios en detrimento de las arcas municipales. En este informe, se cifra en torno a 4,5 millones anualmente. Este informe basado, según indica, en datos facilitados por el propio Ayuntamiento, que no ha confirmado este extremo.
En este estudio aparece la Iglesia como propietaria de 443 inmuebles, entre los que se encuentran bajos comerciales, pisos o casas de hermandad, calculando en 1,3 millón de euros el presunto desfase, correspondiendo 51.000 euros a la exención que existe sobre la Mezquita-Catedral. En dicho informe, no se diferencia los pisos y bajos comerciales de la Catedral ni de otros edificios singulares como colegios, ermitas, parroquias, la Universidad de Loyola y el Hospital San Juan de Dios ni por supuesto se hace referencia alguna a la millonada que la Iglesia destina cada año a su mantenimiento y conservación, como no se menciona ninguna otra aportación social.
La asociación laicista denuncia que «cómo es posible que un hospital privado esté exento y uno público no». Curiosamente, en ningún momento se meciona como se financian unos y otros; todo un ejercicio de demagogia. Este informe ha dado pie a que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y para que parezca que hacen algo para justificar el sueldo que les pagan los cordobeses de su bolsillo, Ganemos -la marca blanca de Podemos en Córdoba- exija estudiar la eliminación de estas exenciones a confesiones religiosas como contrapartida a apoyar las ordenanzas de exenciones fiscales, en un inaudito ejercicio de chantaje en toda regla.
Por su parte, la Tacita de Plata ha vivido en las últimas horas un rebrote similar de radicalización laicista. Cádiz Laica ha denunciado el uso de un balcón del Palacio de los Lila, sede de la Delegación de Urbanismo, para situar una «pancarta» en honor a la Patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. Asimismo, cuestiona si dispone del correspondiente permiso y de seguro de responsabilidad civil.
Además, la asociación anticlerical ha declarado que el edificio «merece protección, pertenece a toda la ciudadanía y debe quedar al margen de cualquier religión que sólo representa a una parte de la población» esgrimiendo su visión de la Constitución para solicitar la separación de la Iglesia y la administraciones públicas. Nada que decir en cambio cuando las distintas agrupaciones carnavalera ocupan las calles cada mes de febrero, se ve que para los laicistas, el uso privativo de los bienes públicos es más cuestión de creencias que de física.
Sólo cabe saber si, de haberse tratado de otro tipo de pancarta hubieran surgido críticas de las organizaciones o si se debe cuestionar las exenciones fiscales sin apreciar la finalidad que tienen los edificios usados por la Iglesia Católica.
