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El grupo comunista de extrema izquierda Sumar organiza el próximo lunes en el Congreso una jornada dedicada a la necesidad de «revertir las inmatriculaciones de bienes inmuebles realizadas por la Iglesia», lo que en realidad significa exigir la expropiación de monumentos tan emblemáticos como la Mezquita Catedral o la Giralda de Sevilla robándosela a sus propietarios, los católicos y sometiéndolos al control estatal a través de un desorbitado gasto público.
La jornada contará con la intervención del portavoz adjunto del grupo y dirigente de IU, Enrique Santiago, y del portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, además de sus compañeros de bancada Nahuel González (IU) y Julia Boada (‘comunes’). Lo más granado de la extrema izquierda radical. Junto a los parlamentarios de Sumar también desfilarán presuntos representantes de la sociedad civil y colectivos para la recuperación del patrimonio de Navarra, Andalucía o Aragón.
Por ejemplo, participarán en el foro Asunción Villaverde (Europa Laica), Miguel Santiago (Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba y plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía), Cristina Contreras (Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra) o Belén Boloqui (APUDEPA Aragón), entre otros ponentes. El evento terminará con la lectura de un manifiesto final sobre el asunto de las matriculaciones.
A finales del año pasado Sumar, a través de los diputados de IU Enrique Santiago y Toni Valero, impulsó una iniciativa parlamentaria en el Congreso para que el Ejecutivo aclarara las irregularidades detectadas en el proceso de «miles» de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.
En este sentido, solicitaban al Gobierno qué planes tenía para declarar nulas dichas inmatriculaciones, dada la «inconstitucionalidad» de ese procedimiento en virtud de la Ley Hipotecaria. Concretamente, y sobre el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, planteaban por ejemplo cuándo se preveía su restitución al dominio público.
En diciembre de 2023, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que desde que enviaron a los municipios españoles el listado de 1.000 bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica, no han recibido «prácticamente ninguna reclamación».
