Una Federación de Padres de Alumnos exige a la Junta de Andalucía que prohíba las procesiones infantiles

La Federación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ‘Nueva Escuela’, que agrupa a 500 AMPA de centros educativos públicos de Sevilla, ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que intervenga ante la realización de procesiones en los colegios de la provincia al entender que se trata de «una grave vulneración de la Constitución española».

En el documento, desde ‘Nueva Escuela’ se pone en valor los preceptos de la Carta Magna, que «consagra la aconfesionalidad del Estado, la libertad religiosa y el respeto a las creencias, sin que nadie pueda ser discriminado ni tener un trato desfavorable por ellas, por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y del consejero del ramo, Javier Imbroda».

En ese marco, pide a Maeztu requerir a la Junta que prohíba la realización en colegios públicos y en horario lectivo de «actos seudoreligiosos en el que participa el alumnado del centro, consistente en la simulación de cofradías de Semana Santa», algo que entiende que «no forma parte de ningún contenido curricular, ni puede ser considerada una actividad complementaria al no tener ningún fin pedagógico».

«De esta forma, se garantiza el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad religiosa y de creencias, y a la aplicación del principio de no confesionalidad del estado en todos las dependencias públicas, incluidos los centros educativos», agrega.

En su opinión, «estos actos no pueden ser considerados parte del contenido de la asignatura de religión, al no tener como objetivo la enseñanza y conocimiento de una concreta religión o de una tradición o actividad cultural religiosa, sino la simulación de un hecho cultural con importantes connotaciones religiosas».

Por ello, considera que «argumentar el principio de libertad religiosa para permitirlos, como hace la Administración, no es procedente» teniendo en cuenta que no se habla de «actos de fe en ámbitos privados» sino en espacios públicos como son los centros educativos.

Así, insiste en que en los colegios es donde «más sigilo y cuidado deben tener los poderes públicos para no afectar de forma negativa la libertad y las distintas creencias del alumnado, el profesorado, y las familias, muchas de ellas no creyentes, y a los que este tipo de actos puede ofender o agraviar». «La Administración debe asegurar el estricto cumplimiento del derecho de todos a ser tratados en condiciones de igualdad, garantizando el principio de laicidad recogido en nuestras leyes y en la Constitución», sentencia.

De este modo, asegura que dejar la decisión en manos de las direcciones de los mismos es «un acto de irresponsabilidad política y dejación de funciones públicas, permitir la ilegalidad, las actuaciones discriminatorias, y la generación de situaciones de agravio» entre los alumnos y entre unos y otros centros.