La sanción interpuesta contra los periodistas José Manuel de la Linde y Antonio Cattoni, miembros del equipo de Canal Sur Radio, que cubrió la salida extraordinaria de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en el mes de noviembre de 2016, ha quedado sin efecto pero no porque nadie haya entendido que era desproporcionada ni ajustada a derecho, sino por defectos de forma. Cuestión esta que llama poderosamente la atención, porque en la práctica supone dejar sin efecto una sanción que había recibido una importante contestación pública, sin reconocer desproporción alguna.
Según el escrito remitido por la Delegación del Gobierno en Sevilla a los interesados, el expediente sancionador ha sido “revoco” en base que la imposibilidad de haber sido notificados debidamente a lo largo del proceso ya que un cambio en la numeración del domicilio de notificaciones la consiguiente imposibilidad de ser localizados, obligó a que la sanción fuese notificada a través del BOE.
El error en el domicilio, que ha sido asumido por la Delegación, ha sido estimado como suficiente para determinar que ha existido indefensión por parte de los sancionados y han derivado en el archivo del expediente. No obstante, y pese a que no se reconoce explícitamente, subyace en todo este asunto, la reacción de la mayor parte de los profesionales de los medios de información, que cerraron filas en torno a los interesados, lo que alimentado por el considerable revuelo potenciado a través de las redes sociales, podrían haber influido en que, sin desdecirse de la sanción, ésta quede sin efecto. Cualquiera podría pensar que el corporativismo ha vencido (el de los periodistas se entiende; el de la policía apenas ha existido pese a algunosfuribundos ataques recibidos por el agente sancionador) si bien este extremo, jamás podrá ser demostrado.
