Como decimos de cuando en cuando, la realidad supera en muchas ocasiones la ficción. Solo así se explica que una entidad vinculada al heterogéneo conglomerado de extrema izquierda que pulula desde hace décadas por España, buena parte subvencionado por los poderes públicos, carguen las tintas contra unos religiosos acusándoles de presunta ocupación ilegal de un templo que todavía es católico, cuando se multiplican las ocupaciones ilegales perpetradas de manera impune por auténticos delincuentes que privan de lo que es suyo a sus legítimos propietarios ante el silencio cómplice o incluso el aplauso de la misma extrema izquierda.
Al grano. La Asociación para la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la posible ocupación ilegal del Valle de los Caídos, desde el pasado 2 de octubre de 2020, por parte de los monjes benedictinos que residen y gestionan el mausoleo. En un ridículo comunicado, esta asociación memorística explica que el convenio entre el Estado y la abadía benedictina de Silos de 1958, que autorizaba a esta congregación permanecer en el enclave, no se ha renovado después de cuatro años, según obliga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
La ARMH expone que esta norma de 2015 incluye, en su disposición adicional octava, la prórroga automática de los convenios indefinidos, como el que afecta al Valle de los Caídos, y daba un plazo de cuatro años a partir de su entrada en vigor para que fueran renovados; en caso contrario, quedarían extinguidos el 2 de octubre de 2020.
Al no haberse producido tal actualización, la asociación entiende que la comunidad benedictina debería haber abandonado ya el Valle de los Caídos y por ello, al no haberlo hecho, su estancia debe ser considerada ilegal por el Gobierno. Por todo ello, además de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, demandan al Ejecutivo que vele por la legalidad y obligue a los monjes a «abandonar el recinto, dejar de ejercer cualquier control sobre el mismo, y cumplir estrictamente la ley».
