Durante años de insistencia se ha repetido un diagnóstico que algunos preferían ignorar: cuando un colectivo no establece sus propios límites, otros actores –más poderosos, más organizados, más jerárquicos– terminan por ocupar ese vacío. Hoy, esa profecía está tomando forma con una claridad tan inquietante como previsible. En toda Andalucía, un clima de intervención creciente revela que la alta jerarquía eclesiástica ha decidido exhibir su autoridad, y lo hace escogiendo el terreno donde su demostración resulta más ruidosa: las hermandades, el entramado asociativo más fuerte del universo cofrade. “Si me atrevo con los fuertes y les pongo en su sitio, el resto no se atreverá ni a respirar”: esta es la cuestión.
En los últimos meses se han multiplicado negativas, vetos y advertencias dirigidas a corporaciones de Granada, Cádiz, Jerez, Sevilla y otros enclaves de la geografía cofrade. Y, en mi opinión, obedece a una política acordada y perfectamente trazada. El mensaje es transparente: la era de las magnas y de las extraordinarias indiscriminadas está tocando a su fin. Pero esa es solo la superficie. Bajo la ola de resoluciones restrictivas late una estrategia calculada: disciplinar a determinadas hermandades para que su escarmiento funcione como aviso general. En Córdoba, el primer episodio tuvo lugar en Puerta Nueva, quizá la corporación más pequeña y humilde del mapa cofrade de la ciudad, el eslabón más débil.
No es casualidad. Elegir al actor menos resistente es un clásico de la política de poder. Y, ¿qué hicieron los cofrades? Mirar a otro lado como si la película no fuese con ellos y guardar silencio, en el mejor de los casos, porque muchos optaron por la bochornosa respuesta –que ponían en práctica en el País Vasco en los tiempos del plomo-: “algo habrán hecho”, culpando al herido por haber sido herido, sin molestarse en escudriñar para detectar si hay razones ocultas que aún no han salido a la luz y que nada tiene que ver con lo vergonzosa y cobardemente insinuado, que no dicho.
Quienes piensen que ahí termina el proceso se engañan: todo apunta a una progresión ascendente en la que lo siguiente será limitar, e incluso impedir, la entrada o salida de la catedral, anticipada ya la pasada cuaresma. Cualquiera que haya observado con atención la política contemporánea reconocerá el patrón. Donald Trump lo convirtió en sello identitario: escoger a un enemigo relevante, desafiarlo públicamente y, si la balanza cae a favor, presentarse como amo absoluto del tablero –el puto amo-. Algo parecido está ocurriendo aquí. La disputa, aunque revestida de religiosidad y tradición, atiende a dinámicas estrictamente estratégicas, marcadas por la necesidad de reafirmación de una jerarquía que busca recordar quién manda, cómo manda y por qué manda.
Conviene ser diáfano: soy crítico con la proliferación desmesurada de salidas extraordinarias y con la lógica expansiva de las magnas. Y, al mismo tiempo, defiendo que todas las hermandades salgan y se recojan en sus templos, sin excepciones. Pero una cosa es el debate interno y otra muy distinta que un tercero –eclesiástico, político o institucional– pretenda imponer su criterio como si las hermandades fueran una estructura dependiente, maleable e imbécil. La libertad -la autogestión- no es negociable. Llámenme anarquista si quieren. Por ejemplificar: si las hermandades decidieran por sí mismas limitar o reordenar sus prácticas –incluido salir o recogerse en la catedral-, nada habría que objetar. Lo intolerable es que la injerencia externa determine desde dónde debe salir una cofradía o dónde debe recogerse, como si el patrimonio devocional fuese propiedad ajena y no un legado compartido.
Cuando un ayuntamiento, un gobierno o un partido perjudica a una hermandad, corresponde responder con firmeza. Si quien lo hace es la alta jerarquía eclesiástica, la reacción debe ser idéntica. Y aquí es donde falta un principio elemental de corporativismo que otras organizaciones tienen asumido: si atacan a una, atacan a todas. No se trata de unanimidad permanente, sino de comprender que la defensa de la autonomía colectiva exige cerrar filas frente a cualquier intento de tutela impuesta. Luego ya, entre nosotros –si eso- nos partiremos la cara, como buenos hermanos. Pero nosotros.
Del mismo modo, la jerarquía debería ocuparse de materias verdaderamente centrales –la formación, la vida espiritual, la protección de los hermanos– en lugar de intervenir en asuntos tan menores como horarios, itinerarios, la música que suena detrás de un paso o si el cirio se lleva en el suelo o al cuadril, asuntos cuya opinión tiene una importancia entre el cero y la nada o, si se produce –si se hace como miembros del movimiento cofrade y no como curia-, debe estar al mismo nivel que la del resto de mortales, ni más ni menos.
La expulsión simbólica ya ha comenzado. Impedir a determinadas hermandades salir o recogerse en la catedral no es un matiz litúrgico, ni tiene un pase: es un recordatorio explícito de propiedad. Queda claro, bajo esta lógica, que el templo mayor no es la casa común de los católicos, sino el espacio privativo del cabildo; su propiedad y no la nuestra. Quienes hemos tardado en asumir esta realidad la reconocemos ahora con claridad meridiana. Y no lo olvidaremos cuando los vientos de la expropiación vuelvan a soplar y convengamos que cada cual defienda su casa del enemigo.
Pero, más allá de conflictos futuros ante los cuales cada cual está sembrando con sus hechos, todo conduce a una conclusión inevitable: o las hermandades se autogestionan de verdad, se fijan sus propias reglas y defienden su espacio de acción, o aceptarán sin remedio que otros las traten como rebaño dócil. La alternativa es ser ovejas negras, no por capricho sino por dignidad: rebeldes cuando haya que serlo, combativas cuando la autonomía esté en juego.
Autogestión sí, imposición no… ¿capisci?
