Resulta desconcertante y, a la vez, profundamente revelador, constatar cómo una parte significativa de la izquierda y de la extrema izquierda parece nutrir un rechazo sistemático hacia las cofradías y, por extensión, hacia todo lo que representa la religiosidad popular andaluza. Lo paradójico —y trágico desde la perspectiva cultural y social— es que este ámbito religioso es, con toda evidencia, el más próximo al pueblo, aquel mismo que esas corrientes políticas se jactan de proteger y representar. Cada excusa, por nimia que resulte, se convierte en pretexto para cuestionar y, en ocasiones, vilipendiar la manera de sentir y de vivir de millones de andaluces, atacando lo que constituye un patrimonio espiritual, histórico y cultural de primera magnitud.
El último ejemplo se ha materializado a través de Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, quien ha cuestionado la colocación de unas banderolas dedicadas a Nuestra Señora de la Paz y Esperanza en la calle Ramírez de las Casas Deza, en el contexto de la preparación del Vía Crucis Magno del próximo 11 de octubre. En sus redes sociales, Hurtado se interrogaba: “Cuando veo esto, me pregunto, ¿es Córdoba una ciudad de orden o se deja hacer lo que viene en gana? No creo que haya autorizado el Ayuntamiento estas banderolas sobre la calle, por muy bonito que sea su simbolismo”, sugiriendo que quizá “no se ajustan a un protocolo oficial” como mera excusa para enmascarar lo que realmente parece molestar: la simple presencia de devoción popular en el espacio público.
Lo que debería ser motivo de orgullo y celebración, la devoción a la Virgen de la Paz y Esperanza y la conmemoración del primer Vía Crucis de Occidente, se transforma para ciertos sectores en un objeto de desdén ideológico. Resulta inaudito que se cuestione la colocación de unas banderolas que cuentan con la aprobación de los vecinos, mientras que el propio Ayuntamiento se permite la exhibición de pancartas que representan solo a una minoría, incluyendo posturas políticas moralmente cuestionables, como las banderas palestinas que, en el fondo representan el apoyo a un grupo terrorista y una corriente ideológica que busca el exterminio del estado de Israel, sin que ello suscite el menor reproche. Por ahondar, desde hace muchísimos años, existe un partido con representación municipal que mantiene una bandera —en realidad un trapo anticonstitucional— en la fachada de su sede, sin que nadie haya alzado la voz. Como tampoco se ha alzado contra el hecho de que una repugnante asesina de guerra tenga calle en la ciudad. Estamos hartos de presenciar actos auspiciados por partidos de izquierda, entre ellos aquel al que pertenece Hurtado, donde se muestran símbolos contrarios a la Constitución española, y ahora hay quien se escandaliza por unas simples banderolas. ¿En serio? Que nadie les engañe: esto no va de unas banderolas que cumplan o no una ordenanza pública. Va de expulsar la religiosidad popular, es decir, a las cofradias, del ámbito público.
El problema no radica en el derecho a la crítica, sino en la irresponsabilidad que emana de quien ocupa un cargo público. Nadie puede garantizar que un comentario de este tipo no pueda incitar, aunque sea involuntariamente, a conductas de intolerancia hacia manifestaciones de religiosidad popular, debilitando así la convivencia y el respeto hacia tradiciones centenarias. La prudencia, la mesura y la conciencia del impacto de las palabras deberían ser imperativos ineludibles para todo representante institucional.
Cabe preguntarse, ¿qué persigue Hurtado con estas declaraciones? ¿Que se retiren las banderolas para dirimir quién ostenta mayor control sobre el espacio público? Mientras Córdoba y sus hermandades se preparan con entusiasmo para el Vía Crucis Magno, comentarios como estos proyectan conflictos donde no existen, sembrando la discordia en un ámbito donde la unidad, la devoción y el patrimonio cultural deberían prevalecer. La Paz y Esperanza, como todas las imágenes participantes, no constituye motivo de confrontación, sino un punto de encuentro que amalgama tradición, historia y fe compartida, un patrimonio intangible que debe ser respetado y valorado por todos.
En definitiva, lo que se observa no es un ataque a hechos administrativos ni a normas de orden público, sino un rechazo ideológico sostenido hacia la religiosidad popular, el lazo más genuino que une a Andalucía con su pueblo, su historia y su memoria colectiva. Y mientras esto ocurre, miles de cordobeses continúan sosteniendo con devoción y orgullo la esencia de una tradición que ni la crítica infundada ni la incomprensión ideológica podrán doblegar.
Foto: Ricardo Gómez
