El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha anunciado este jueves que la Diócesis y el Cabildo Catedral de Córdoba, titular de la Mezquita-Catedral de dicha ciudad, presentarán, en el plazo previsto para ello, que concluye el próximo lunes, alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio planteado por el Gobierno de la Nación, pues «no tiene en cuenta la libertad religiosa» y «se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración».
A este respecto y en rueda de prensa, Demetrio Fernández ha explicado que «se trata de una ley invasiva, es decir, con una mentalidad de: el Estado soy yo y soy el propietario de todo, y a partir de ahí legisló sobre todo lo humano y lo divino», actuando el Gobierno de la Nación «sin tener en cuenta a los propietarios», ni el hecho de que «el 80 por ciento del patrimonio cultural en España es propiedad de la Iglesia Católica».
En consecuencia, «estamos ante una ley de Patrimonio, de esas que, de un tirón, te despluman de todo, porque te dicen», en cuanto a los bienes declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que pasarán a ser «Patrimonio Mundial, que es una figura nueva que expropia a todos los demás», ya que las competencias para decidir sobre ese bien las «tendrá una comisión gestora», en la que tendrá «mayoría la Administración civil».
Ello, en la práctica, según ha asegurado Demetrio Fernández, constituye «una expropiación bastante abierta», y por ello la Diócesis y el Cabildo presentan alegaciones a dicho anteproyecto de Ley, «dentro del plazo legal que se nos ha dado», que es «corto, en vacaciones y con una ola de calor, pero, a pesar de todo, ya está todo redactado y lo mandaremos».
Así lo harán, ya que les parece que «es una ley con intenciones invasivas, expropiadoras y que no tiene en cuenta la libertad religiosa», la cual, según ha aclarado el obispo, no consiste solo en poder «rezar el Ave María», sino el que pueda hacerlo «en público y en privado», y que «pueda tener los medios para poder hacer esa expresión sin un control excesivo del Estado, pues que se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración».
Por eso presentan la Diócesis y el Cabildo de Córdoba alegaciones a dicho proyecto legislativo, sin saber, según ha dicho Demetrio Fernández, «si otras instituciones, que han hecho declaraciones públicas» en contra del anteproyecto de Ley, «tendrán un estudio tan exhaustivo como el que han hecho el Cabildo y la Diócesis de Córdoba», y que constituye «un verdadero alegato, largo, minucioso, profundo, artículo por artículo, en conjunto y en detalle», demostrando que «en Córdoba no estamos dormidos», ya que todo ello les ha «afectado profundamente».
En relación con ello, el obispo ha dicho alegrarse por las «declaraciones que han hecho las autoridades civiles, porque también les afecta a ellos», a «las autonómicas y locales», si bien, según ha resaltado Demetrio Fernández, el proyeco legislativo «afecta sobre todo a la Iglesia».
Por eso, ha dicho esperar que, «tanto a nivel de Conferencia Episcopal, como a nivel de secretario de Estado y de Nunciatura, pues haya declaraciones o aportaciones, porque se toca el núcleo de la relación Iglesia-Estado, sobre el cual hay unos acuerdos, hay una Constitución española y hay unas leyes» previas, pero «esta ley no tiene en cuenta nada de eso y quiere saltar por encima de todo. Por tanto, es una ley que nos ha dejado estupefactos».
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