La presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo «explicaciones» y mostrando su «malestar» ante la suspensión de misas en el transcurso de su celebración que ha tenido lugar en diferentes puntos de España durante la Cuaresma y la Semana Santa, como el pasado viernes, en la Catedral de Granada, unos hechos con los que, según denuncia, «se está vulnerando la libertad religiosa».
Asimismo, la presidenta del Observatorio ha escrito al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para solicitar que su grupo parlamentario haga una pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre estas medidas.
«El estado de alarma sí permite la asistencia al culto religioso. Sin embargo, la Policía Nacional, algunas policías locales y los Mossos se han dedicado estos días de Semana Santa a suspender misas que estaban siendo celebradas con las medidas adecuadas de seguridad, e incluso en casas privadas con la única asistencia de los religiosos que allí vivían», ha explicado la presidenta del OLRC, María García.
Durante estos días, según ha precisado, han sido canceladas, «al menos», cuatro misas, la última el pasado Viernes Santo en la Catedral de Granada, cuando la Policía Nacional desalojó el templo porque había 20 fieles. Si bien, según la presidenta del OLRC «se cumplía la distancia de seguridad» porque «en un templo de estas características entran miles».
Asimismo, señala que «el pasado 31 de marzo los Mossos d’Esquadra denunciaron a un cura que celebraba misa en Valldoreix (Barcelona)» cuando «en la eucaristía solo había cinco personas, contando el sacerdote»; que «el viernes 3 de abril la Policía de Cádiz suspendió, a gritos, una misa en Cádiz»; y que «el Domingo de Ramos, la Policía Local de Sevilla canceló una misa que los religiosos paúles estaban celebrando en su azotea», cuando, según asegura la presidenta del Observatorio, «solo estaban presentes miembros de la comunidad que vivían en esa misma casa».
El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice en su artículo 11 que «la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro».
Por su parte, el Vaticano, a través de un Decreto para la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, pidió que en los países afectados por el coronavirus, las celebraciones de Semana Santa tuvieran lugar «sin la presencia del pueblo» y de forma que los fieles pudieran seguirlo «en directo» desde casa a través de los medios de comunicación.
«Dado que la fecha de la Pascua no puede ser trasladada, en los países afectados por la enfermedad, donde se han previsto restricciones sobre las reuniones y la movilidad de las personas, los obispos y los presbíteros celebrarán los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la concelebración y omitiendo el saludo de paz», subraya el decreto.
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