La articulación de un nuevo marco de colaboración entre el Estado y la Iglesia católica se ha materializado este jueves mediante la firma de un acuerdo destinado a la atención de las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no han tenido recorrido judicial, incorporando un sistema específico de reconocimiento y reparación. El documento ha sido rubricado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, en una de las sedes del Ministerio en Madrid.
El acuerdo establece una vía de mediación a través del Defensor del Pueblo para aquellas personas que, habiendo sido víctimas de abusos sexuales, no deseen acudir directamente a la Comisión del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva), creada por la Iglesia. Esta alternativa se suma a los mecanismos ya existentes, sin sustituirlos, ampliando las opciones disponibles para las víctimas.
Compromiso del Gobierno y alcance del sistema
Con la firma de este acuerdo, la Iglesia en España y el Gobierno han acordado abrir un cauce institucional específico a través del Defensor del Pueblo para la reparación de quienes hayan sufrido abusos sexuales y cuyos casos no hayan sido abordados en sede judicial. Según ha indicado la CEE en un comunicado, el Ejecutivo se ha comprometido, como solicitaba la propia Iglesia, a afrontar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública.
Este compromiso se sustenta en la voluntad del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, relativa a la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, marco normativo que sirve de referencia para el desarrollo del sistema acordado.
Estructura del reconocimiento y la reparación
El modelo consensuado se articula en torno a varios elementos esenciales: el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión Priva, el consenso entre la Iglesia católica y el Estado y la participación directa de las víctimas. Este sistema de reconocimiento y reparación pretende garantizar coherencia, transparencia y equidad en el tratamiento de los casos.
De forma concreta, la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los expedientes presentados y propondrá un cauce de reparación, que posteriormente será analizado y evaluado por la Comisión Priva establecida por la Iglesia. La Conferencia Episcopal ha subrayado que los criterios de valoración de los casos y la baremación de las reparaciones serán homogéneos entre ambas instancias, una de las principales preocupaciones planteadas durante el proceso de negociación del acuerdo, según ha podido saber Servimedia.
Mecanismos ante posibles discrepancias
El texto firmado prevé igualmente un procedimiento específico para resolver desacuerdos. En caso de discrepancia en la valoración de un caso, este será examinado por una comisión mixta, que estudiará la situación de manera conjunta. La resolución final corresponderá al Defensor del Pueblo, quien adoptará su decisión tras escuchar al presidente de la CEE o al de la Confer, según el caso, tal y como han detallado fuentes de la Conferencia Episcopal.
Este mecanismo busca asegurar un equilibrio institucional y una respuesta coherente, manteniendo siempre la centralidad de las víctimas en el proceso.
Exención fiscal de las reparaciones económicas
Otro de los aspectos destacados del acuerdo es la aceptación, por parte del Gobierno, de que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente en lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La CEE ha recordado que se habían dado situaciones en las que víctimas ya indemnizadas recibieron posteriormente reclamaciones fiscales por parte de la Agencia Tributaria, una circunstancia que supone para ellas una nueva forma de victimización.
Desde la Iglesia se ha subrayado que este tipo de situaciones no se producen en otros ámbitos, como el de las víctimas del terrorismo, razón por la cual se consideraba imprescindible corregir esta anomalía dentro del sistema de reparación.
Naturaleza moral y carácter temporal del acuerdo
La nota difundida por la Conferencia Episcopal concluye precisando que el sistema establecido no se basa en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el acuerdo mutuo de las partes implicadas. Asimismo, se trata de una vía de carácter temporal, con una duración inicial de un año, susceptible de prórroga por otro año adicional.
Este mecanismo está destinado exclusivamente a aquellas causas que no hayan tenido ni puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o bien por el fallecimiento del victimario, delimitando así su ámbito de aplicación.
Opciones disponibles para las víctimas
En este contexto, se ha aclarado que todas las víctimas pueden acudir directamente a la Comisión Priva y que, a partir del acuerdo firmado este jueves, quienes no lo deseen podrán solicitar la mediación del Defensor del Pueblo, que será el encargado de trasladar su caso a la Comisión Priva para su evaluación y eventual reparación.
Balance de solicitudes y reparaciones tramitadas
La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva), impulsada por la Iglesia católica, había recibido hasta mediados del pasado mes de noviembre un total de 99 peticiones. En ese mismo periodo, había resuelto 51 casos durante sus primeros catorce meses de funcionamiento. Las reparaciones propuestas hasta ese momento alcanzaban un importe total superior al millón y medio de euros.
Antecedentes y conversaciones previas
El Episcopado ya había abordado la cuestión de la exención del IRPF y la mediación del Defensor del Pueblo durante la Asamblea Plenaria de la CEE celebrada en noviembre, lo que permitía anticipar la posibilidad de un acuerdo. En ese contexto, se vislumbró que el ministro Félix Bolaños podría cumplir el pronóstico que había trasladado días antes a representantes de seis asociaciones de víctimas eclesiales, con quienes analizó las conversaciones mantenidas con la Iglesia católica y el estado del plan de reparación y reconocimiento impulsado por el Gobierno a partir de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Fuentes del Ejecutivo trasladaron entonces que el objetivo del Gobierno era articular un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones asumidas por la Iglesia.
Expectativas trasladadas a las asociaciones de víctimas
Las propias víctimas que participaron en aquel encuentro señalaron que Félix Bolaños les comunicó que el Gobierno esperaba cerrar un acuerdo con la Iglesia antes de final de año, en referencia a 2025, con el propósito de impulsar una comisión mixta Iglesia-Estado encargada de promover las reparaciones y el reconocimiento a las víctimas de abusos eclesiales. Dichas reparaciones correrían a cargo de la Iglesia, mientras que el Gobierno podría aportar infraestructuras para facilitar su canalización.
Convocatoria en La Moncloa
En este marco, las asociaciones de víctimas mencionadas han sido convocadas este miércoles en el Palacio de La Moncloa, donde el propio Félix Bolaños les expondrá de manera detallada los puntos del acuerdo rubricado el 8 de enero con la CEE y la Confer, profundizando en el contenido y el funcionamiento del sistema de reparación y reconocimiento ahora establecido.
