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La OCU apuesta por el diálogo porque acudir a los juzgados sería entrar en un «terreno muy resbaladizo» para el «privilegio» que supone una silla en la carrera oficial

Coutiño, delegado en Andalucía, ha declarado que su organización no tiene en absoluto clara la devolución partiendo de la base de que OCU entiende que las procesiones no se pueden catalogar como espectáculo público

En caso de acudir al juzgado, «nos adentraríamos en «un terreno muy resbaladizo» ya que «cuando se hace este reglamento, se reconoce, no ya el derecho a la renovación vitalicia y perpetua, que lo tiene cualquier abonado que renueve todos los años sino, incluso, el derecho hereditario y el derecho a transmitirlo hasta un pariente de tercer grado de consanguinidad o afinidad»

El delegado en Andalucía de la OCU (Organización de consumidores y usuarios), José Carlos Coutiño, ha comparecido en el programa on line del Grupo Blogosur, Casa Hermandad, para analizar la problemática de la devolución del importe del abono de las sillas y palcos de la carrera oficial tras la suspensión de las procesiones de Semana Santa de 2020 ofrecer su visión, netamente distinta de la que mantiene FACUA, que aboga por la devolución sin dilación de las cantidades abonadas a los usuarios.

En su intervención, Coutiño ha querido, en todo momento, mostrarse respetuoso con la opinión de FACUA, con quien ha manifestado que su organización «no va a entrar en discusión», si bien ha subrayado que «en el ámbito jurídico todo tiene muchas vertientes y si juntamos cuatro abogados, cada uno va a tener una versión distinta». No obstante ha precisado sus diferencias de criterio, en este asunto, con FACUA, cuyo representante, Rubén Sánchez, que también ha estado presente en el programa, minutos antes, expuso en una entrevista concedida el pasado 24 de marzo a Gente de Paz.

Al respecto, Coutiño ha declarado que su organización no tiene en absoluto clara la devolución partiendo de la base de que OCU entiende que las procesiones no se pueden catalogar como espectáculo público, por lo que no sería aplicable la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativos en Andalucía, normativa que FACUA esgrime para exigir la devolución. Sea como fuere, el representante de OCU sí ha querido enfatizar que estamos ante un asunto «muy complicado», antes de recordar que él mismo participó en la elaboración del primer reglamento que regula el uso y disfrute de las sillas y palcos, lo que le otorga «cierto conocimiento de como hubo que parir este régimen jurídico que regula unan sillas que hasta el año 2003» carecía prácticamente de regulación.

«Ahí hubo que parir una especie de contrato que está amparado en ese reglamento», ha recordado, que regula una realidad que, en su opinión no es un espectáculo público porque, en el caso de Andalucía ,»excluye expresamente de su ámbito de aplicación manifestaciones religiosas, es decir, excluye las celebraciones que constituyan expresiones del derecho de la libertad religiosa». «De hecho, -ha explicado- cuando esa ley se tramita se tramita en el año 99, tuve la ocasión de participar en las comparecencias parlamentarias y fue una de las objeciones que planteé: cómo se trataba el tema de las carreras oficiales y precisamente el PSOE, que es quien en ese momento tramita esa ley, me manifiestan públicamente que se entiende que están excluidas de la tramitación de la ley salvo para los aspectos técnicos».

«Por tanto -ha proseguido-, si no tocamos esa base jurídica para pedir la devolución e base a la ley de espectáculos públicos, tenemos que tratarlo como un contrato que contiene unas condiciones generales de adhesión, que es verdad que podrían ser abusivas, pero habría que determinar la abusividad de esa clausula que dice que hay que pagar siempre en composición del resto de clausulas de ese reglamento». En base a este planteamiento, Coutiño ha concluido que la OCU no tiene claro si hay que devolver el dinero a los abonados. «Yo no voy a ser en este caso maximalista, porque habría que ir a los juzgados a que un juez dijera si es abusiva esa clausula que dice que hay que pagar siempre para seguir manteniendo un derecho, que más que un derecho es un privilegio -cabe recordar que los abonos se pueden mantener de por vida, traspasarse entre familiares e incluso ser heredado-«. 

Respecto a esta cuestión, Coutiño ha reconocido que nos adentraríamos en «un terreno muy resbaladizo» ya que «cuando se hace este reglamento, se reconoce, no ya el derecho a la renovación vitalicia y perpetua, que lo tiene cualquier abonado que renueve todos los años sino, incluso, el derecho hereditario y el derecho a transmitirlo hasta un pariente de tercer grado de consanguinidad o afinidad», para disfrutar de un acontecimiento único que se puede presenciar gratis fuera de la carrera oficial.

«Es un negocio complejo –ha subrayado, una actividad económica evidentemente y por eso hay que pagar IVA, ese ha sido el razonamiento de la Agencia Tributaria a la hora de establecer el pago de un tributo, no el hecho de que sea un espectáculo público. Eso lo tendrá que determinar, primero, la Junta de Andalucía, que es la competente en materia de espectáculos públicos y por tanto tendrá que decir si lo es o no lo es, al amparo de ese artículo 1.4 de la Ley de 1999, y si no lo es, tendremos que ir a examinar ese contrato, esas condiciones generales y ver si existe proporción, equilibrio o no lo hay y se están infringiendo la Ley de defensa de los consumidores a la hora de imponer ese pago»

Un pago que, el delegado de OCU ha recordado que «no solo sufraga el uso de la silla puntual durante esa semana sino que existen unos gastos de montaje, de montaje, alquiler de sillas, de naves para guardar todo el material… es decir, tiene un tratamiento muy complejo y, desde luego, si esto al final lo tiene que decidir un juez… que no va a ser, porque me consta la llamada de la autoridad eclesiástica, la presión del poder civil y la propia conciencia de las hermandades, nos invitan a pensar que va a haber una fórmula de acuerdo, pero en la línea que se está ofreciendo a muchos otros sectores de nuestra economía».

«Ahora mismo -ha continuado- para reclamar la devolución de la entrada de cualquier evento, los reales decretos que regulan el Estado de Alarma, nos imponen 60 días de negociación; a las agencias de viajes les han dado un año de moratoria… es decir, existen muchas fórmulas de composición y aquí el acuerdo siempre va a ser mucho más beneficioso. A quienes han contratado un viaje no les van a devolver su dinero hasta dentro de un año y esto que da de comer a mucha gente en nuestra ciudad se pretende que se devuelva de inmediato».

«El dinero que va al Consejo y del Consejo a las hermandades no termina en los bolsillos de nadie, sino en las bolsas de asistencia social, en los talleres que dan empleo a muchísimos artesanos y yo creo que hay que invitar al diálogo, a la reflexión, y a través del diálogo encontrar una solución mucho menos dañina para el propio concepto de carrera oficial que someterlo a la decisión de una administración o de un juzgado, porque entonces vamos a tener que entrar en muchas cosas en las que probablemente ya tendríamos que haber entrado, esos derechos-privilegios», ha concluido.

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