Lo sucedido en Ceuta obliga a abandonar por un instante la comodidad de los eufemismos. Entre el 30 y el 31 de julio se produjo una entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, mientras que el 15 de agosto las autoridades marroquíes desplegaron un amplio dispositivo para impedir un nuevo intento de cruce, después de los llamamientos difundidos a través de las redes sociales. Las cifras y las circunstancias concretas pueden ser objeto de análisis, discusión y necesaria contextualización, pero existe una evidencia que no debería quedar sepultada bajo la retórica administrativa: una frontera española llegó a verse sometida a una presión extraordinaria de una magnitud difícilmente compatible con la normalidad de un Estado que pretende ejercer plenamente su soberanía. Y precisamente por eso resulta insuficiente contemplar Ceuta únicamente desde la perspectiva migratoria. Allí no solo se está poniendo a prueba la capacidad de gestionar una crisis fronteriza; se está poniendo a prueba la capacidad de España para proteger sus fronteras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y preservar aquello que constituye su identidad como nación.
Porque una frontera no es únicamente una línea trazada sobre un mapa. Es también un límite jurídico, político, cultural y simbólico. Y Ceuta representa, por su singularidad histórica y geográfica, una de las expresiones más evidentes de esa realidad. Cuando una ciudad española situada en el continente africano contempla cómo decenas de miles de personas intentan atravesar su frontera en un periodo extraordinariamente breve, el debate no puede reducirse a la compasión —que nadie debería perder— ni a las estadísticas migratorias. También debe existir espacio para preguntarse qué sucede cuando un Estado transmite la impresión de que su capacidad para controlar quién entra en su territorio depende, en buena medida, de que el enemigo vecino decida colaborar en el control de su propia frontera. La paradoja resulta difícil de digerir: en los últimos días hemos contemplado cómo presuntamente Marruecos reforzaba su dispositivo fronterizo para impedir nuevos cruces, mientras España mantenía también un despliegue de seguridad manifiestamente mejorable. Eso debería servir, cuando menos, para comprender que la seguridad de Ceuta no puede descansar exclusivamente en equilibrios diplomáticos ni en la buena voluntad de terceros. La soberanía se ejerce, o deja de ejercerse en la práctica, y la primera obligación de cualquier Estado consiste en garantizar que sus fronteras no se conviertan en espacios de incertidumbre permanente.
Pero existe otra dimensión que me preocupa todavía más y que rara vez aparece en los comunicados oficiales: qué queremos preservar cuando hablamos de defender Ceuta y España. No se trata de levantar muros contra las personas por su origen, ni de convertir una diferencia religiosa o cultural en una justificación para la hostilidad. Se trata de algo mucho más elemental: la posibilidad de que una comunidad política conserve libremente sus leyes, sus costumbres, su memoria, sus tradiciones y sus convicciones. España tiene una historia, una cultura y una tradición religiosa profundamente arraigadas, y buena parte de esa identidad se expresa precisamente en aquello que quienes habitamos este país hemos recibido de generaciones anteriores. En Ceuta, esa realidad adquiere una intensidad extraordinaria porque allí conviven diferentes comunidades y porque su posición geográfica convierte cualquier alteración del equilibrio fronterizo en una cuestión de especial trascendencia. Defender esa identidad no significa despreciar la de nadie; significa negar que una sociedad deba renunciar a la suya para demostrar que es tolerante. Y desde esa perspectiva resulta legítimo preguntarse qué ocurriría con determinadas manifestaciones de nuestra cultura y de nuestra religiosidad si el equilibrio que sostiene la españolidad de Ceuta llegara a quebrarse. No hablamos únicamente de edificios, banderas o fronteras: hablamos de una forma de entender la vida que también incluye procesiones, hermandades, advocaciones marianas, culto público y una tradición cristiana que forma parte inseparable de la historia española.
Por eso, quienes contemplamos desde la Península lo que está ocurriendo deberíamos entender que Ceuta no es un problema ajeno ni una extravagancia geográfica, sino una parte de España cuya situación interpela directamente al conjunto de la nación. Y aquí las hermandades, el mundo cofrade y quienes vivimos con intensidad nuestras tradiciones tenemos también una responsabilidad que va más allá de compartir una fotografía o pronunciar una consigna. Defender la identidad propia implica asumir que las tradiciones necesitan un marco de libertad, seguridad y estabilidad para poder sobrevivir. Una procesión, una imagen venerada en la calle, una iglesia abierta al culto o una celebración religiosa no existen en el vacío: necesitan una sociedad que pueda garantizar su continuidad. La cuestión de Ceuta, por tanto, no debería ser patrimonio de un partido político ni convertirse en munición de una batalla partidista. Es una cuestión de Estado. Y quizá haya llegado el momento de comprender que la defensa de España no consiste únicamente en proteger su territorio, sino también en preservar aquello que hace que ese territorio sea España. Porque una nación que pierde la capacidad de defender sus fronteras corre el riesgo de perder mucho más que unos kilómetros cuadrados: puede terminar perdiendo la seguridad, la memoria, la identidad y la libertad necesarias para decidir qué quiere ser.
