Tradicionalmente, siempre se ha dicho que los españoles, cuando no vamos delante de los curas, vamos detrás de ellos, en clara alusión a los vaivenes que, a lo largo de la historia, ha vivido la sociedad española en sus relaciones con la Iglesia Católica. Efectivamente, las etapas en las que el clero ha ocupado un lugar de preeminencia para los españoles, han acabado con la sociedad renegando, cuando no persiguiendo, literalmente a la Iglesia. Los motivos para este ir y venir son variados, aunque podríamos aquilatarlos en una palabra: Poder.
Centrándonos en el caso de nuestra ciudad, durante la Baja Edad Media, el grupo más numeroso de la población será el compuesto por los clérigos, que alcanzan el 21,04% del total, seguido de los cargos públicos y militares que suponían el 14,95%. Dando un salto en el tiempo, según las respuestas generales del Catastro de Ensenada, hacia 1759, había en Córdoba un total aproximado de 34.100 habitantes, de los que 2.183 eran clérigos, distribuidos en 450 seculares y 1.733 regulares (1.040 frailes y 693 monjas), repartidos en 18 conventos masculinos y 21 femeninos. Por lo que se refiere a la labor asistencial, básicamente en manos de la Iglesia, en aquellas mismas fechas Córdoba contaba con 21 hospitales. Un siglo después, en 1860, el número se había reducido a sólo 12 centros asistenciales. Permanecían 48 iglesias entre parroquias, ermitas y los templos de los conventos desamortizados, mientras que, de los 21 conventos de 1759, sólo quedaban diez. A pesar del descenso experimentado, todos los viajeros del siglo XVIII y XIX coinciden en sus relatos en el elevado número de templos y establecimientos eclesiásticos existentes en la ciudad, sirvan como ejemplo las palabras del inglés Richard Ford sacando su vena más anglicana y anti vaticana: «Córdoba fue siempre sumamente servil y levítica…». Para colmo, el problema de la falta de alumbrado público en la ciudad, era resuelto con las velas de los innumerables altares que salpicaban la geografía urbana, aumentando notablemente la presencia de los religioso en la vida diaria de los cordobeses, altares que, como señala Ramírez de Arellano, acabaron eliminados en 1841 por orden del «ilustrado jefe político D. Ángel Iznardi para que se quitasen las muchas imágenes que había por las calles».
Con la llegada de la Ilustración al poder, las tensiones y luchas a las que nos referíamos con anterioridad ganaron virulencia. Basten dos ejemplos bien elocuentes: las repetidas exclaustraciones de órdenes religiosas, muy especialmente de los jesuitas, que fueron expulsados de España en cinco ocasiones entre 1767 y 1932. El motivo último siempre será el mismo, considerarlos un peligro para el poder establecido.
En segundo lugar, nos referiremos a los procesos desamortizadores de bienes eclesiásticos. Comenzarán, tímidamente en 1766, también con Carlos III y alcanzarán el bienio 1854-1856 con Pascual Madoz. En medio hubo seis decretos desamortizadores, cuyas consecuencias serán nefastas para la Hacienda pública, pues no lograron el objetivo de financiar la deuda, mientras que la Iglesia perdió gran parte de su patrimonio, aunque muchas de sus obras de arte constituirán el germen de muchos museos y muchos de sus bienes inmuebles acabaron siendo el origen de operaciones urbanísticas, caso del Paseo del Gran Capitán, o de instituciones de la vida social y cultural de la ciudad, como ocurre con el Círculo de la Amistad.
Frente a estos momentos de exaltación anticlerical, España vivirá momentos de acendrada religiosidad, coincidentes con la llegada al poder de gobiernos de carácter más moderado o conservador. Baste recordar el influjo ejercido sobre la población por el clero secular, durante la Guerra de la Independencia. Por sus repercusiones y proximidad en el tiempo, hemos de referirnos al llamado ‘nacional catolicismo’ vivido durante el mandato del General Franco. Muchas fueron las hermandades y cofradías surgidas en los primeros años de postguerra, aunque la situación que fue atemperándose, muy especialmente, tras el Concilio Vaticano II. Recordemos aquello de ‘Tarancón al paredón’, promovido por las fuerzas más inmovilistas del régimen, o los llamados ‘curas obreros’ de finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta.
Actualmente, vivimos una etapa de clara laicidad, por lo que el papel de la Iglesia ha quedado relegado a un segundo o tercer plano en lo que se refiere a influencia sobre la vida moral de la sociedad, cosa que nuestros gobernantes tratan de poner de manifiesto a cada instante magnificando los errores del clero, a la vez que se silencian sus triunfos. Se habla mucho de pederastia, a la vez que se esconde la labor humanitaria realizada dentro de nuestras fronteras, tanto con población inmigrante como con población nacional, a la que se está ayudando a sobrevivir en estos tiempos de crisis económica. Ahora toca bailar con la más fea y la última ocurrencia es la de despenalizar los delitos contra los sentimientos religiosos, tipificados dentro del Título XXI, Capítulo IV, Sección 2.ª (artículos 522 al 526) del Código Penal). El problema no es la despenalización, en sí, sino el que sólo se van a despenalizar los delitos cometidos contra los sentimientos cristianos, en general, y católicos en particular, considerados como de extrema derecha, porque los que se cometan contra otras confesiones no cristianas, automáticamente serán calificados como delitos de odio hacia las minorías, con lo cual, un gobierno que se autoproclama de izquierdas y progresista, estigmatiza a la mayoría de la población sembrando la división y promoviendo la desigualdad, en nombre de un falso buenismo y una visión mentirosa de la realidad y la democracia.
