La supuesta controversia generada en torno a una aspirante a costalera a la que, según se ha difundido, se le habría impedido integrarse en la cuadrilla de la Hermandad de Los Dolores por el hecho de ser mujer, no resiste el más mínimo análisis serio. Nos encontramos ante un episodio inflado hasta lo inverosímil, construido a partir de una interpretación interesada de los hechos y amplificado por determinados medios con una línea editorial bien definida —de izquierdas—, a los que posteriormente se han sumado otros nacionales —tambien de izquierdas— en una dinámica perfectamente reconocible, con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. El resultado es una polémica artificiosa, ajena por completo a la realidad cotidiana del mundo cofrade cordobés, donde este asunto ni genera debate ni suscita preocupación alguna entre quienes verdaderamente lo conocen desde dentro.
Y es que conviene volver a lo esencial, despojando el discurso de todo el ropaje ideológico con el que se ha querido revestir: esto no trata de una confrontación entre hombres y mujeres, ni de feminismo falso y barato, ni de debates importados que nada tienen que ver con la naturaleza del costal. Esto trata, exclusivamente, de la facultad del capataz para elegir a su equipo, una potestad inherente a su función y absolutamente consolidada en la tradición cofrade. El capataz no selecciona en función de categorías externas, sino atendiendo a criterios técnicos, de confianza y de adecuación al trabajo concreto que se va a desarrollar. Y del mismo modo que resultaría inadmisible que una Junta de Gobierno impusiera nombres en una cuadrilla por razones ajenas a ese criterio, tampoco lo es que se pretendan introducir condicionantes ideológicos en un ámbito que responde a una lógica completamente distinta.
El paralelismo con otros entornos es tan evidente como revelador: en cualquier estructura que aspire a funcionar con eficacia —ya sea una empresa, un equipo o cualquier otra organización— deben estar quienes mejor se ajusten a las necesidades del conjunto, sin que factores ajenos a la idoneidad real interfieran en esa decisión. Más en concreto, las cuotas obligatorias, por ejemplo, en los órganos de dirección, lejos de promover una igualdad real, perpetúan una lógica profundamente discriminatoria, repugnante mente machista, al anteponer el criterio del sexo al del mérito, de modo que socavan la aspiración legítima de que dichos espacios estén ocupados por los más capacitados y proyectan, injustamente, una sombra de duda sobre la valía de las mujeres que los integran. Una cuadrilla costalera no es un espacio simbólico ni un escenario de representación, sino una unidad de trabajo exigente, donde entran en juego elementos como la resistencia física, la técnica, la experiencia y, sobre todo, la confianza mutua. Alterar ese equilibrio en nombre de criterios externos supone, sencillamente, desvirtuar su esencia.
Por todo ello, lo verdaderamente significativo de este episodio no es el hecho en sí —que carece de la dimensión que se le ha querido otorgar—, sino la intencionalidad que lo impulsa. No estamos ante una reivindicación nacida del propio mundo cofrade, sino ante una injerencia externa, promovida desde ámbitos que poco o nada tienen que ver con la Semana Santa, y que en muchos casos mantienen hacia ella una actitud abiertamente crítica o distante. Se trata, en definitiva, de utilizar una realidad que no se comprende como herramienta para alimentar un determinado relato. Frente a ello, conviene recordar algo tan simple como olvidado: el capataz debe ser libre para elegir a quienes considere más adecuados, sean hombres o mujeres, sin más condicionantes que su propio criterio. Todo lo demás es, sencillamente, ruido interesado.
