Vox ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno regional a evitar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, dado que el traslado de sus restos requiere, a su juicio, de una autorización sanitaria de la Consejería de Sanidad conforme a la política sanitaria mortuoria de la que es competente al tratarse de un cadáver embalsamado.
El texto de la PNL expone que el Reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid, establece que «la exhumación y traslado de cadáveres embalsamados están sujetos a autorización sanitaria», siendo «competente para otorgar tal autorización la Consejería de Sanidad».
En este punto, recuerda que la Comunidad no impugnó una
disposición adicional de la Ley de la Memoria Histórica que le privaba de su competencia sanitaria mortuoria en materia de exhumación y traslado de cadáveres inhumados en el Valle de los Caídos y «se la atribuía a la Administración central del Estado, mediante la sustitución de la autorización sanitaria de la Comunidad de Madrid por la decisión del Consejo de Ministros, previa emisión de un mero informe no vinculante de dicha Comunidad autónoma».
Además, Vox reprocha que el Gobierno regional cuando estaba bajo el mandato de Ángel Garrido tampoco entablará «conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional ante la adopción del acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2019 por el que resolvió exhumar el cadáver de Franco», algo para lo que entiende que también estaba legitimado.
«Con fundamento en que el acuerdo del Consejo de Ministros no respetaba el orden de competencias establecido en la Constitución, en el Estatuto de autonomía y demás leyes aplicables, y afectaba al ámbito de competencia propio de la Comunidad de Madrid», agrega la PNL.
En la iniciativa parlamentaria, Vox pide que la Asamblea de Madrid que inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar una serie de medidas respecto a la exhumación de Franco.
En primer lugar, solicita que se acuerde que la Comunidad de Madrid se persone en calidad de interesada en los procedimientos contencioso-administrativos promovidos, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contra el citado acuerdo del Consejo de Ministros.
Asimismo, pide acordar que la Comunidad de Madrid, una vez personada, solicite la nulidad y/o subsanación de las actuaciones «por no haber sido tenido y oída como interesada».
Y reclama acordar que la Comunidad de Madrid, una vez personada, solicite que la Sala eleve cuestión de inconstitucionalidad de la mencionada disposición adicional de la ley de la «memoria histórica».
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