La Federación de extrema izquierda Al-Zahara se ha congratulado, a través de un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en una conocida red social, de que “la Junta de Andalucía haya impulsado un plan de usos de la Mezquita tras la denuncia de la Plataforma ciudadana”. Un comunicado en el que se afirma que “la Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todxs aplaude la puesta en marcha de un plan director que ordene los usos culturales y turísticos de la Mezquita Catedral de Córdoba y ponga fin a las continuas arbitrariedades del Cabildo, que intenta desde hace años desvirtuar la identidad andalusí del más importante monumento hispanomusulmán de Europa para imponer una visión excluyente católica”.
Según subraya el comunicado, “la iniciativa anunciada ahora por la Consejería de Cultura se produce tras la queja formal presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la Plataforma el pasado enero, que acompañó de un informe de 23 páginas sobre el uso abusivo del conjunto monumental y la desnaturalización de los valores protegidos por la Unesco”. “El documento, – asegura el comunicado -, enumeraba las actuaciones arbitrarias del Cabildo, tales como la invasión de la quibla por un facistol y una talla de San Juan de Ávila; la colocación de carteles sin autorización en los muros exteriores; la instalación de palcos metálicos en los paramentos o la programación de continuas exposiciones en el oratorio omeya sin criterio técnico y claramente distorsionadoras de la interpretación narrativa del monumento”.
El texto afirma que “ante la queja, el Defensor Andaluz abrió un expediente y solicitó las alegaciones correspondientes de la Consejería de Cultura. El 8 de febrero se celebró un encuentro entre miembros de la Plataforma y el director general de Bienes Culturales, Marcelino Sánchez Ruiz, que escuchó con detalle las argumentaciones del colectivo ciudadano y anunció que tomaría medidas al respecto. En el pliego de alegaciones presentado posteriormente por la Consejería de Cultura, la administración tutelar del patrimonio histórico andaluz anunció que iba a promover la “constitución de una comisión mixta e interdisciplinar, donde la Iglesia se comprometa a no actuar de forma unilateral en materia de usos”. En ese marco, se encargará la “aprobación del plan director”, que debe incluir, según la Junta, un “programa de conservación y un proyecto museológico y museográfico”, así como “un sistema de control de dispositivos de exposiciones (…), en particular, en las zonas de arte islámico”.
En consecuencia, el comunicado afirma que “es falso, por tanto, que la elaboración del plan director haya sido encargada por la Iglesia, tal como intenta hacer creer tras la publicación días atrás del expediente abierto por el Defensor del Pueblo Andaluz. Bien al contrario, el Cabildo catedralicio se ha visto obligado a aceptar la activación de un marco normativo largamente reclamado por la Plataforma ciudadana que corrija una gestión lesiva para la identidad de un monumento de carácter universal”.
Adicionalmente, “la Plataforma considera que la eventual puesta en marcha del plan director, que incluya un mecanismo transparente y riguroso de control, representa un hito de suma importancia para la correcta regulación de este bien fundamental del patrimonio histórico andaluz”, añadiendo que “sorprende que un conjunto monumental de esta dimensión internacional lleve más de 15 años sin un marco normativo de gestión, lo que ha permitido una administración plagada de irregularidades, la más grave de ellas la eliminación por la Iglesia de su denominación oficial de Mezquita en todos sus folletos de divulgación cultural”. Además afirma, sin rubor alguno, que “fue precisamente la presión ciudadana la que obligó a restituir el nombre del universal monumento”.
Según enfatiza el citado texto, “así lo corrobora el propio Defensor del Pueblo Andaluz en su resolución del pasado mes de julio” subrayando que “resulta peculiar que no se cuente con un instrumento análogo para la Mezquita Catedral como el conjunto de la Alhambra, que dispone de un patronato con representación de todas las instituciones”. En sus conclusiones, el Defensor admite que “son evidentes las actuaciones que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto” y cita algunas de las denunciadas por la propia Plataforma, como “la instalación de elementos muebles como un facistol junto al Mihrab”, que “no facilita la contemplación de espacios únicos”, como tampoco “algunas exposiciones que parecen no disponer de un espacio más adecuado para compatibilizar su muestra con el respeto a la ubicación elegida”, o la propia eliminación “ya corregida” del término Mezquita. En opinión del Defensor Andaluz, “esos otros usos de la Mezquita Catedral como escenario merecen un tratamiento de mayor rigor (…) y mejor supervisión”, en una clara crítica al deber de tutela desatendido por la Junta de Andalucía durante todos estos años.
No contentos con ello, los suscriptores del comunicado aseguran que “el organismo dirigido por Maeztu defiende también que el plan director dé cabida a la “aportación de diferentes colectivos, entidades y grupos sociales”, tales como la Plataforma Mezquita Catedral, que demanda desde su fundación una gestión científica y respetuosa con los valores protegidos por la Unesco desde 1984”, concretando que “la Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todxs acoge con expectación el hecho de que el anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía contemple estimular la participación ciudadana” deduciendo que “la Junta se compromete a impulsar medidas para articular la implicación y la colaboración cívica de asociaciones, fundaciones y particulares en la planificación y la gestión”. Asimismo, “este colectivo se felicita porque esta modificación de la ley reforzará paralelamente las disposiciones sobre transparencia y accesibilidad a la información”.
