Hay batallas que nacen con vocación noble y acaban convertidas en caricatura moral. La que se ha desatado en los últimos tiempos contra quienes deciden acudir a talleres de bordado fuera de Andalucía —con Pakistán como estandarte simplificado de un fenómeno mucho más amplio— es un ejemplo palmario de cómo una causa legítima puede pervertirse hasta rozar lo indecente. Bajo la coartada de la defensa de la artesanía local, se ha articulado una cruzada pública de señalamiento, amplificada por redes sociales y bendecida, lo que es aún más grave, por determinados ámbitos del poder institucional.
Conviene dejar algo claro desde el principio: defender la industria andaluza no solo es razonable, es deseable. El bordado sacro, los talleres, los artesanos y artistas forman parte indiscutible de nuestra identidad cultural, cofrade y colectiva. Proteger ese tejido productivo es una responsabilidad compartida, una inversión en memoria, belleza y sustento para muchas familias. Hasta ahí, nada que objetar. El problema comienza cuando la promoción se convierte en persecución y la convicción en dogma.
Porque lo que estamos presenciando no es una campaña pedagógica ni una estrategia de apoyo, sino una auténtica caza de brujas. Un dedo acusador —repugnante en su gesto y miserable en su intención— apunta a hermandades, entidades y particulares por el simple hecho de ejercer su libertad de compra. Y conviene subrayarlo: comprar donde a uno le plazca no es un delito moral, es una consecuencia directa del libre mercado, ese concepto que ciertos sectores ideológicos detestan porque coloca al individuo por delante del comisario de turno.
Resulta especialmente paradigmático que algunas de las voces más estridentes de esta campaña procedan de ámbitos ideológicos que desprecian la libertad económica y, por extensión, la libertad personal. No se trata solo de proteger lo nuestro —que sería legítimo—, sino de imponer una conducta, de castigar públicamente a quien se sale del carril, de generar un clima de acoso social que recuerda demasiado a una inquisición contemporánea con wifi y perfil anónimo.
Y conviene llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos ni moralinas de cartón piedra. Quienes acuden a talleres allende nuestras fronteras lo hacen por dinero, porque el coste es menor o porque su economía no permite otra cosa. Una motivación perfectamente legítima. Del mismo modo —aunque algunos prefieran mirar hacia otro lado—, quienes defienden que solo se acuda a talleres andaluces también lo hacen por dinero, por cuota de mercado, por supervivencia económica o por interés empresarial. Aquí no hay ángeles ni demonios: hay pasta, en un lado y en el otro. Pretender disfrazar este debate como una cruzada por la excelencia artística es tomar por tontos a los demás.
Porque si hablamos con honestidad, no todo lo que se hace en determinados talleres andaluces es excelente, ni mucho menos. Hay trabajos manifiestamente mejorables que salen adelante sin que nadie se rasgue las vestiduras, sin linchamientos públicos ni inquisiciones morales. La vara de medir no es la calidad, sino el origen del encargo. No es una cuestión de excelencia: es una cuestión de mercado, de dinero y de control del relato.
El argumento es tan simple como falaz: si compras fuera, traicionas; si no consumes local, eres culpable. Se obvia deliberadamente una realidad incómoda: el patrimonio cofrade es caro, extraordinariamente caro, y no todas las economías pueden asumir determinados presupuestos. Y aun cuando pudieran, existe otra razón igualmente legítima para elegir: porque les da la gana. Así de sencillo. La libertad no necesita más justificación.
Que una hermandad opte por un taller u otro es responsabilidad exclusiva de su junta de gobierno y, en todo caso, de sus hermanos. Nadie más. Ni agitadores de redes, ni comisarios culturales, ni organismos públicos. Y aquí se alcanza uno de los puntos más obscenos del asunto: cuando el señalamiento se fomenta o se tolera desde entes públicos, financiadas también con el dinero de aquellos que luego son acosados. Eso no es defensa del patrimonio; eso es indecencia institucional.
Quienes gobiernan deberían cortar de raíz esta práctica cobarde y totalitaria. Señalar para que otros ejecuten el linchamiento es un mecanismo mafioso, propio de quienes no confían en la razón ni en la libertad, sino en el miedo y la presión social. Convertir a ciudadanos y corporaciones en objetivos de una jauría digital por ejercer un derecho elemental es una deriva que debería alarmar a cualquiera con un mínimo sentido democrático.
Defender lo nuestro y abanderar la calidad, sí. Convencer, incentivar, mejorar, competir, también. Pero jamás imponer, señalar o acosar. Porque no estamos ante una discusión meramente estética ni económica, sino ante una cuestión de principios. Y los principios, cuando se traicionan en nombre de una causa supuestamente justa, dejan de ser principios para convertirse en dogma.
Proteger la artesanía andaluza es necesario. Convertirse en Torquemada, no. Porque la libertad —la de crear, la de elegir, la de comprar— es sagrada. Y quien no lo entienda, por muy buenas palabras que emplee, no está defendiendo la cultura: está atacando a la persona.
