Bajo la apariencia de una reflexión pastoral cuidadosamente formulada y envuelta en un lenguaje deliberadamente amortiguado, el Obispado de Córdoba ha puesto en marcha una iniciativa que apunta a un reforzamiento del control jerárquico sobre las hermandades. La anunciada regulación de las salidas extraordinarias no es un simple ajuste técnico, sino una intervención directa sobre una de las expresiones más visibles, complejas y vivas de la religiosidad popular.
El discurso oficial insiste en preservar la excepcionalidad, pero evita afrontar el núcleo del problema: quién define qué es extraordinario y desde qué instancia se arroga esa capacidad normativa. La respuesta resulta evidente y poco discutible: la Iglesia institucional.
La asimetría del discurso
Resulta especialmente revelador que el Obispado ponga el foco en el aumento de procesiones promovidas por las hermandades mientras mantiene un silencio tan significativo como calculado sobre las procesiones impulsadas, alentadas o directamente inventadas por la propia estructura eclesial. Esta omisión no es fortuita: evidencia una lógica profundamente asimétrica en la que el problema nunca reside en la iniciativa clerical, sino en la autonomía laica cuando esta desborda los márgenes previamente fijados desde arriba.
Bien haría la Iglesia en suprimir primero todas aquellas procesiones que se ha sacado de la manga en los últimos años y, solo después, intentar limitar la libertad de las cofradías. Sin ese ejercicio previo de coherencia institucional, cualquier intento de regulación externa nace viciado, carente de legitimidad moral y pastoral.
Autocrítica cofrade y línea roja infranqueable
Conviene afirmarlo sin ambages: los cofrades somos los primeros en reflexionar críticamente sobre los excesos cometidos en torno a las salidas extraordinarias. Existe una conciencia clara de que, en determinados casos, se ha desdibujado el sentido de lo excepcional, trivializando lo que debería ser singular y verdaderamente significativo.
Precisamente por ello, somos también los primeros en sostener que la corrección de esos excesos debe nacer desde dentro. La autorregulación, el debate interno y la responsabilidad colectiva constituyen signos inequívocos de madurez cívica y eclesial. Lo que no puede aceptarse bajo ningún concepto es la imposición vertical, porque en ese punto deja de hablarse de mejora y comienza a ejercerse un control incompatible con la naturaleza misma de las hermandades. Y porque no olvidemos nunca que si ha habido un exceso de procesiones extraordinarias es porque las hermandades lo han pedido y la Iglesia lo ha autorizado.
La falsa escucha como método
El proceso de denominada “escucha activa” presentado como eje vertebrador de esta estrategia no resiste un análisis mínimamente riguroso. La consulta se articula cuando el marco conceptual ya está cerrado: habrá reglamento, habrá límites y habrá una autoridad que los imponga unilateralmente.
La asamblea anunciada para las próximas semanas no puede entenderse como un espacio real de deliberación, sino como un escenario cuidadosamente diseñado para la ratificación. Se pregunta para legitimar decisiones previamente adoptadas, no para construirlas de manera colectiva y abierta.
Sinodalidad de cartón piedra
La reiterada apelación a la sinodalidad opera aquí como una coartada retórica, útil para revestir de modernidad un esquema que mantiene intacta la verticalidad del poder eclesial. Se invoca el camino compartido mientras se perpetúan formas de participación meramente ornamentales, sin capacidad efectiva de decisión.
La comparación resulta incómoda, pero inevitable: una falsa democracia que remite a aquellas Cortes del franquismo donde todo se sometía a votación cuando ya estaba “atado y bien atado”. Se permite hablar, pero no se decide.
Una paradoja histórica que incomoda
Resulta profundamente chocante que, en plena democracia, se pretenda diluir una democracia real que, paradójicamente, sí existió en el interior de las hermandades incluso durante la dictadura. En tiempos de Franco, las cofradías fueron de las escasas organizaciones donde subsistieron mecanismos efectivos de participación, elección y control interno, ajenos al dirigismo político dominante.
Que hoy, bajo un régimen de libertades, se aspire a sustituir esa democracia real por un remedo tutelado desde arriba no solo constituye un retroceso evidente, sino una auténtica anomalía histórica difícilmente justificable.
Renovación o recentralización
La denominada “etapa de renovación cofrade” se presenta como una necesidad pastoral inaplazable cuando, en realidad, encubre una clara pulsión de recentralización del poder. No se trata tanto de evangelizar como de disciplinar; no de acompañar, sino de dirigir y encauzar desde parámetros estrictamente jerárquicos.
La insistencia en reforzar celebración, formación y caridad resulta impecable en el plano retórico, pero pierde toda credibilidad cuando se utiliza como argumento para restringir la iniciativa de las hermandades. La vitalidad cofrade no se fortalece con reglamentos restrictivos, sino con confianza institucional.
El problema no son las procesiones
El problema no es el número de salidas extraordinarias, sino la incomodidad que genera una religiosidad popular viva, autónoma y difícil de domesticar. Las hermandades continúan siendo uno de los pocos espacios donde la fe se expresa sin un control absoluto dictado desde los despachos.
Limitar esas expresiones mientras se multiplican otras promovidas desde la jerarquía no es coherencia pastoral, sino un ejercicio explícito de poder. Y por mucho que se disfrace de reflexión, diálogo o renovación, el resultado final sigue siendo el mismo: control.
