Cuando la defensa se convierte en (presunto) ataque
Lo ocurrido en el ¿último? programa Al Cielo de 101 Televisión Sevilla nos ofrece una lección elocuente sobre los riesgos de convertir una intervención pública en algo que, si no lo es (en el fondo estoy seguro de que no lo es), se parece mucho a un presunto ejercicio de ajuste de cuentas. En este caso, el protagonista ha sido Alberto Álvarez, responsable de comunicación de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, a tenor de lo que se indica en la propia web de la banda, quien trató de defender con vehemencia a una joven asociación cofrade, pero terminó sembrando división con declaraciones cuyo alcance, quizá, no midió del todo, como evidencian los comentarios provocados por sus palabras.
Siendo justos, he de decir que desconozco el contexto completo de sus declaraciones, toda vez que no dedico mi tiempo —ni el escaso ni el valioso— a consumir semejante producto televisivo, más allá de los propios cortes que, sin pretenderlo, llegan hasta mí. Porque ni sigo al personaje ni sigo al programa. Cosas del algoritmo de Twitter, que de cuando en cuando coloca ante los ojos de uno perlas mediáticas difíciles de ignorar. Por tanto, mi análisis se basa únicamente en un fragmento de minuto y medio, que presenta una primera parte sensata y perfectamente compartible, y una segunda que me resulta una auténtica barbaridad, por no catalogarla con términos aún más contundentes.
En el fragmento emitido, Álvarez realizó una encendida defensa de la Asociación Civil de la Abnegación, señalando: «No se puede criticar a las asociaciones civiles que estén empezando la casa por el tejado cuando lo que están haciendo es ser inteligentes conforme al contexto social que vivimos y ser capaces de conectar con lo que el público quiere, de manera que a día de hoy la Asociación Civil de la Abnegación cuenta con más de cuatrocientos socios al corriente de pago, que me parece que es una barbaridad». Una reflexión legítima que muchos podemos compartir y muchos otros no, aunque expresada en términos discutibles, ya que su desenlace introduce un elemento perturbador que desplaza el foco del argumento principal.
Acto seguido, añadió: «Entonces ellos se da la circunstancia —y entiendo que la gran mayoría, porque a nadie les gusta que les digan pirata, que están al margen de la ley cuando no es cierto— y toda la problemática que se suscita alrededor. A ellos les encantaría formar parte de la Iglesia y ahora voy a abrir un melón yo, que creo que nadie ha dicho y no se ha abierto. De hecho, ellos estuvieron muy cerca de entrar a formar parte de San Bartolomé, donde una hermandad que residía allí, de gloria, se opuso frontalmente porque entendía que con el carácter que tiene la Abnegación provocaría su propia desaparición. Enfrentarse con una realidad social que tiene un carácter que aglutina mucho más público… que tendríamos que plantearnos quién está siendo cristiano ahí: si quien se ha creado al margen de las normas eclesiásticas pero quiere formar parte, o quien está dentro desde hace años por una cuestión de herencia y te cierra las puertas para que no entres».
Esa afirmación, de extrema gravedad, trasciende la defensa de un proyecto concreto para deslizar una acusación velada —pero muy directa— contra una hermandad concreta, aunque sin nombrarla explícitamente. Salvo error derivada de la ignorancia por mi parte, la Hermandad de la Alegría, radicada en San Bartolomé, es la única corporación de gloria con sede canónica en dicho templo, lo que hace innecesario el esfuerzo de deducción para identificarla. Pero si fuera contra cualquier otra, lo ocurrido me parece igualmente grave.
Para defender a una asociación que tiene todo el derecho a existir, que está haciendo un trabajo notable y que, desde luego, no necesita este tipo de «ayudas», no es preciso lanzar ese tipo de dardos que, lejos de beneficiarla, terminan dañando su imagen y alimentando una narrativa innecesariamente confrontativa. Porque lo que podría haber sido una exposición razonable del contexto social y eclesial que atraviesan muchas agrupaciones emergentes, terminó convertido en una crítica injusta a una corporación histórica, presentada poco menos que como una rémora clasista que impide la renovación pastoral de la Iglesia.
Cabe recordar que Alberto Álvarez copresentaba (o algo así) originalmente el programa hasta que, según él mismo explicó, decidió dejar de hacerlo porque su presencia perjudicaba a la formación musical a la que representa. «Yo ya no podía decir la verdad en el programa», comentó al presentador, ahora único al frente del espacio, durante una soporífera y lacrimógena entrevista perpetrada para mayor gloria de su protagonista. Todo ello tras afirmar que, a raíz de un comentario legítimo emitido en ese mismo espacio, descubrió la «toxicidad de las redes sociales», especialmente de Twitter, por los insultos recibidos. Una toxicidad que, por lo visto, ya no percibe del mismo modo si es otro —en este caso, una hermandad entera— quien puede acabar viéndose afectado por reacciones igualmente desagradables, ya sea en redes o incluso durante su salida procesional. Porque el respeto no se mide por la dirección del golpe, sino por la conciencia de que hay palabras que, una vez lanzadas, ya no pueden recogerse.
Es precisamente esta conciencia de la responsabilidad que conlleva toda opinión pública la que debería prevalecer, sobre todo cuando se expresan juicios que pueden provocar consecuencias graves y directas para quienes se ven objeto de acusaciones de tal magnitud. No estamos ante simples discrepancias ni debates acalorados entre particulares, sino frente a afirmaciones que pueden dañar reputaciones, herir sensibilidades y tensionar vínculos comunitarios establecidos desde hace décadas. Y ello no solo afecta a quienes reciben el reproche sino también, paradójicamente, a quienes aparentemente se pretende defender, porque maldita la falta que tienen estas asociaciones emergentes de recibir semejante tipo de «ayuda». La defensa, si es legítima y necesaria, debe realizarse con rigor, prudencia y respeto. No puede ni debe convertirse en un instrumento para hacer públicos reproches que, por su gravedad y falta de fundamento demostrable, más que aportar claridad generan división, desconfianza y resentimiento.
Quien utiliza la palabra en un medio de comunicación con visibilidad pública debe hacerlo sabiendo que sus declaraciones tienen un alcance mucho mayor que el mero eco inmediato. Los impactos, tanto en las redes sociales como en la vida real, pueden ser profundos y duraderos. Por eso, antes de emitir juicios tan contundentes, conviene calibrar no solo el efecto que tendrán en quienes se alzan como destinatarios de esas palabras, sino también en la propia salud del diálogo social y comunitario que, a fin de cuentas, todos deberíamos proteger. Yo he pecado reiteradamente de este modo y por eso conozco las consecuencias y las pongo sobre la mesa. El ejercicio responsable de la comunicación pública no admite improvisaciones ni exabruptos, por muy justificadas que se crean las razones de quien habla. La verdad, la defensa de una causa o la crítica constructiva deben siempre ir acompañadas de respeto, mesura y una profunda reflexión sobre las posibles consecuencias. Solo así se puede preservar la convivencia y el respeto mutuo, pilares fundamentales para el sano desarrollo de cualquier colectivo y de la sociedad en su conjunto.
