La ministra de Hacienda mantendrá el 21% de IVA a los palcos y sillas de Semana Santa y espera que  se pueda disfrutar de la Semana Santa, «si el coronavirus lo permite»

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido este viernes en que mantendrá el tipo general del IVA del 21% a los palcos, tribunas y sillas que se alquilan en Semana Santa porque «es una cuestión que no la puede evitar el Gobierno».

En una entrevista a la Cadena SER, Montero ha respondido así la petición formal por carta planteada por la Junta de Andalucía de una reunión para tratar la rebaja del IVA por el alquiler de sillas, tribunas y palcos para ver las procesiones y estudiar la aplicación del tipo reducido del 10%, en lugar del 21%.

Ante esta posibilidad, la ministra ha subrayado que estos días de Cuaresma en que los abonados, «ciudadanos que tienen esa tradición o que tienen capacidad económica para poder hacerlo», empiezan a solicitar los alquileres, verán que se está aplicando el IVA general, «que es el que le corresponde».

Montero espera «que eso no tenga un impacto real» en porcentajes sobre la actividad que genera la Semana Santa, que afecta a «muchas personas», porque «lo importante no son solo las personas que vienen a las sillas y palcos», un número «muy reducido», sino que se pueda disfrutar de la Semana Santa, «si el coronavirus lo permite», y «que haya turismo y capacidad de consumo».

La ministra ha defendido que la aplicación del IVA, que se hará por vez primera este 2020, es una cuestión que surge a partir de una consulta que hace el Cabildo Superior de Cofradías de la Ciudad de Murcia para interesarse si era necesario aplicarlo, algo «obligatorio», y que así se lo comunicaron al resto de consejos y cabildos.

Ha ahondado además en que es «uno de los impuestos más armonizados» en Europa y, en ese contexto, han valorado que «no había ninguna razón para que estuviera exenta de IVA una actividad que tiene que estar sujeta a este impuesto, como lo están otro tipo de actividades». «Pero no ha sido una decisión del Ministerio, sino más bien una consulta para poner de manifiesto una situación de ilegalidad que existía», ha subrayado.