A pesar de que con la llegada del lunes hay quien ha pretendido que salten todas las alarmas sensacionalistas en forma de sempiterno ataque del Ayuntamiento frentepopulista a las Cofradías de la ciudad de Córdoba la presunta baja promovida por la Concejalía de Participación Ciudadana que preside Alba Doblas que afectaría a tres hermandades cordobesas, San Álvaro, el Císter, y la Cena se resuelve con la mera cumplimentación de un formulario.
Al parecer todo se reduce, y así lo ha confirmado Manuel Bonilla, hermano mayor de la Hermandad de la Cena a Gente de Paz, a que el Ayuntamiento no dispone de determinados datos actualizados relacionados, entre otros, con los cambios en los equipos de gobierno de las entidades afectadas. Un total de 530, como adelantó Juan Niza en Diario Córdoba.
Una cifra que descarta absolutamente cualquier tipo de presunto ataque a hermandades como más de uno se ha encargado de dar a entender. Es necesario defender a las hermandades cuando los ataques realmente se produzcan, pero no es conveniente echar leña al fuego de una presunta confrontación continua que solamente beneficia a quienes viven de moverse en el barro.
Cuestión distinta, tal y como ha especificado a este medio el propio Bonilla, es que resulte extremadamente extraño que el Ayuntamiento de Córdoba haya sido incapaz, tal y como alega en el texto publicado en el BOE, de notificar debidamente el procedimiento en el que se hallan inmersas todas estas entidades, habida cuenta de que, en el caso de las hermandades son continuas las comunicaciones recibidas por parte del Ente Municipal, como la recepción de los recibos de pago de impuestos o determinadas subvenciones e incluso premios económicos concedidos por el propio Ayuntamiento. No obstante, y a expensas de alguna sorpresa añadida, que tratándose de entes públicos nunca es descartable, la tranquilidad es absoluta en la medida de que todo quedará solucionado con la mera entrega de un formulario tipo convenientemente cumplimentado.
El anuncio de notificación de 16 de junio de 2017 en procedimiento, relativo a bajas de asociaciones inactivas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas explica que tras el proceso de actualización del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas realizado en el año 2011, las entidades inscritas pasaron a estado de inactividad, debido a que no actualizaron los datos solicitados.
Es por ello que conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 22.6 del vigente Reglamento de Participación Ciudadana, procede la baja de oficio en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de dichas Entidades.
En aplicación del citado artículo 22.6 del Reglamento de Participación, se les dio traslado del inicio del trámite de baja en febrero del presente año, indicándole que podrían formular alegaciones en un plazo no superior a 15 días, trascurrido el cual se procedería a la baja efectiva de dichas Entidades.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación, realizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la ley 39/2015 de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta lo indicado por el art 44 de la misma ley, se relacionan a continuación en el las Entidades afectadas, dando por efectuadas dichas notificaciones, a partir de la fecha de la publicación, pudiendo formular alegaciones en plazo no superior a 15 días. Transcurrido el cual se procedería a la baja de oficio efectiva.
En base a esta medida y tal y como ha adelantado el Diario Córdoba, un total de 530 colectivos de todo tipo serán borrados del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC) a partir del próximo 14 de julio, a menos que los responsables hagan constar formalmente que sus asociaciones siguen activas, todo ello rellenando un formulario en el Ayuntamiento.
En caso contrario la asociación no dejaría de existir, pero quedaría fuera del RMEC del Ayuntamiento, lo que la dejaría sin derechos como los de optar a ayudas de la administración local, participar en programas municipales, firmar acuerdos de cooperación y colaboración con los órganos del Ayuntamiento e incluso estar presentes en los órganos de participación ciudadana, como los consejos de distrito.
Todo ello ya está en trámite de resolución por parte de las hermandades afectadas por lo que no ha lugar para alarma alguna y mucho menos para alentar, porque vende, la idea de un nuevo ataque hacia las cofradías, que en este caso no es más que una cuestión burocrática fácilmente subsanable.
