La revirá | El impuesto revolucionario de las marchas procesionales

Uno empieza a sospechar que en el universo cofrade ya no queda concepto por el que alguien no pretenda pasar la gorra. Ya tenemos, entre otras cosas, el impuesto revolucionario que la Iglesia diocesana cobra a las hermandades simple y llanamente por existir, y ahora llega el 7 % sobre el presupuesto de contratación de las bandas por la interpretación de marchas procesionales —otro impuesto revolucionario—, con la previsión de que el sistema esté operativo para la Semana Santa de 2027. La SGAE, con engoladas y edulcoradas palabras, lo presenta como una herramienta para reconocer y remunerar a los autores de las composiciones y como un mecanismo de gestión de los derechos de autor. Perfecto. Nada que objetar a que un compositor perciba aquello que legalmente le corresponda por su trabajo. Lo que empieza a chirriar es que, mientras se explica la medida con el lenguaje solemne de la defensa de la cultura y la autoría, en el otro extremo de la mesa haya hermandades que tendrán que rascarse todavía más el bolsillo para pagar una factura que llega cuando la economía de muchas corporaciones ya está haciendo malabarismos para cuadrar las cuentas. Y si además el asunto viene acompañado del aroma inequívoco de «o pagas o ya veremos qué hacemos por la vía judicial», la cosa adquiere ese delicioso regusto a impuesto revolucionario con membrete, tarifa oficial y amenaza de judicialización incluida. Todo muy elegante, naturalmente. Aquí no se extorsiona a nadie; aquí se ejerce un derecho. La diferencia, según parece, está en quién redacta el comunicado.

Porque quien hace la ley hace la trampa, y conviene empezar a pensar con algo más de imaginación antes de continuar aceptando como borregos cualquier ocurrencia que se nos presente envuelta en celofán jurídico. Si la cuestión consiste en aplicar un porcentaje sobre el dinero que una hermandad paga a una banda, quizá haya llegado el momento de revisar qué demonios estamos contratando y cómo demonios lo estamos contratando. Pues habrá que estudiar, dentro de los márgenes legales y contractuales correspondientes, qué parte del acuerdo responde realmente a la prestación musical y qué parte puede corresponder a otros conceptos perfectamente documentados. No se trata de hacer trampas ni de esquivar obligaciones legales; se trata de no hacer el gilipollas voluntariamente cuando existen fórmulas legales y transparentes para organizar las relaciones económicas de otra manera. Porque si cada vez que aparece una nueva tarifa nuestra única respuesta consiste en sacar la cartera, pagar y agachar la cabeza, quizá el problema no esté únicamente en quienes cobran, sino también en quienes han asumido que las hermandades deben aceptar cualquier carga económica sin plantearse siquiera cómo pueden defender legítimamente sus intereses.

Lo verdaderamente divertido —si uno consigue contener la carcajada— es observar cómo determinados comunicadores siempre parecen encontrarse casualmente del lado del poder, prestos a ejercer de coro de acompañamiento de quien tiene la sartén por el mango. En lugar de preguntar cuánto va a costar la medida a las hermandades, cómo se controlará el repertorio, qué ocurrirá con las adaptaciones, cómo se gestionarán las obras cuyos derechos hayan sido cedidos a una corporación o qué garantías existen para que el sistema funcione con transparencia, algunos prefieren asumir el papel de portavoces oficiosos de la tarifa de turno, mientras las corporaciones miran al cielo buscando otra partida presupuestaria de la que sacar dinero. Y todo ello mientras se nos explica que no es una cuestión recaudatoria, sino de visibilización de los autores. Naturalmente. El dinero debe de ser una consecuencia accidental, una especie de daño colateral que aparece por generación espontánea cuando uno pronuncia las palabras «derechos de autor». Y entretanto, la maquinaria amenaza con ponerse en marcha, las hermandades tendrán que pagar y los de siempre encontrarán una manera de justificarlo desde sus micrófonos, sus redes o sus tribunas, porque cuestionar al poder debe de resultar mucho menos rentable que cuestionar a quienes pagan.

Y ya está bien. Ya está bien de que a las hermandades se les crucifique por todos los flancos mientras se pretende convertir cada rincón de la Semana Santa en una ventanilla de recaudación. Ya pagamos por organizar cultos, por salir a la calle, por contratar servicios, por montar palcos, por seguros, por seguridad, por bandas, por flores, por cera, por patrimonio, por restauraciones y por un interminable etcétera que haría las delicias del cobrador más imaginativo. Ahora también por cada marcha que suene, salvo las que estén en dominio público y con todas las salvedades correspondientes. Y cuidado, porque mañana puede aparecer alguien con otra tarifa, pasado mañana otra entidad y al siguiente otro iluminado dispuesto a descubrir que debajo del último adoquín también había un derecho susceptible de ser facturado. Si de mí dependiera, empezaría a estudiar desde ya contratos imaginativos, transparentes y perfectamente legales: «A ver, banda, tú que me cobrabas diez mil euros, ¿verdad? Pues para la próxima Semana Santa te pago 200 por la prestación musical y los 9.800 restantes los destino como donación a la obra social de la asociación a la que perteneces». Y que la SGAE se lleve el 7% de los doscientos pavos. Porque quizá haya llegado el momento de dejar de caminar con la cartera abierta y la dignidad en el bolsillo. Que ya está bien de hacer el gilipollas para que, vía tarifas, derechos, impuestos o amenazas, sigan crucificando a las hermandades mientras algunos comunicadores hacen de incienso mediático de quienes vienen con el incensario recaudatorio en la mano.