Existe una deriva profundamente inquietante en determinados sectores de la comunicación cofrade que, amparándose en una supuesta superioridad moral o en un pretendido compromiso ético, ha terminado convirtiendo la información en una herramienta de señalamiento público. Ya no se trata únicamente de opinar, discrepar o cuestionar decisiones concretas —algo perfectamente legítimo dentro de cualquier sociedad libre—, sino de generar deliberadamente un clima de presión alrededor de hermandades, instituciones o incluso simples devotos por el mero hecho de ejercer su libertad con absoluta normalidad. Y conviene decirlo con claridad porque algunos parecen haberlo olvidado: ninguna hermandad tiene la obligación de consumir donde determinados sectores mediáticos consideran oportuno, ni de adaptar sus decisiones económicas, comerciales o institucionales a los intereses ideológicos o empresariales de quienes pretenden erigirse en guardianes morales del universo cofrade. Lo verdaderamente alarmante no es ya la existencia de esa presión, sino la naturalidad con la que algunos medios parecen haber asumido que señalar públicamente a determinadas corporaciones constituye una práctica legítima y aceptable, especialmente cuando esa presión se ejerce desde plataformas sostenidas, directa o indirectamente, con dinero público procedente de los impuestos de todos, incluidos los hermanos y devotos de las entidades señaladas.
El problema adquiere una gravedad infinitamente mayor cuando se comprende el contexto social en el que vivimos. Hace apenas unos días, la fachada de la parroquia de San Gonzalo amanecía con pintadas ofensivas en un episodio que muchos quisieron despachar rápidamente como una simple gamberrada aislada. Y, sin embargo, resulta imposible desligar aquel acto vandálico del clima previo de hostigamiento y exposición pública que determinados perfiles e influencers habían contribuido a alimentar durante días. Porque el señalamiento constante tiene consecuencias. Quien dispone de un altavoz público debería ser plenamente consciente de que no controla la reacción emocional de quienes reciben determinados mensajes. Vivimos rodeados de individuos profundamente desequilibrados, de fanáticos incapaces de separar la crítica racional de la agresión visceral, de auténticos zumbados dispuestos a convertir cualquier consigna repetida hasta la saciedad en una excusa para actuar de manera irracional. Naturalmente, la responsabilidad última corresponde siempre al autor material del acto vandálico. Pero sería de una ingenuidad insultante negar que determinados discursos reiterativos, determinadas campañas de exposición y determinadas dinámicas de linchamiento terminan generando un caldo de cultivo extremadamente peligroso.
Lo más perverso de todo este fenómeno es la aparente convicción de algunos comunicadores de que señalar públicamente a una hermandad constituye una especie de ejercicio de fiscalización moral. Se olvidan de que detrás de cada corporación existen miles de hermanos, familias enteras, devotos sencillos y personas corrientes que no participan de guerras ideológicas ni de estrategias mediáticas, sino que simplemente intentan vivir su fe y sostener sus tradiciones con normalidad. Convertir a una hermandad en objetivo público por comprar donde estime oportuno, por contratar a quien considere conveniente o por desarrollar libremente su actividad constituye una forma de presión profundamente irresponsable. Y todavía resulta más obsceno cuando quienes alimentan ese clima lo hacen desde tribunas financiadas por todos los ciudadanos, utilizando recursos públicos para fomentar indirectamente campañas de acoso social contra instituciones que, paradójicamente, también contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de esos mismos medios. Resulta difícil imaginar una contradicción más grotesca ni una utilización más indecente de la influencia mediática.
En el fondo, todo esto revela una enfermedad mucho más profunda: la obsesión contemporánea por imponer comportamientos colectivos mediante la presión social y el miedo al señalamiento. Ya no basta con discrepar; ahora parece necesario identificar públicamente al discrepante, exponerlo y convertirlo en objetivo de la indignación organizada. Exactamente el mismo mecanismo que tantas veces se denuncia en otros ámbitos, pero que algunos practican con absoluta naturalidad cuando creen defender causas supuestamente nobles o progresistas. Las hermandades, como cualquier otra institución, tienen derecho a equivocarse, a acertar, a decidir y a actuar con libertad sin convertirse por ello en dianas mediáticas permanentes. Porque cuando el periodismo abandona la información para abrazar el señalamiento sistemático, deja de cumplir una función social para convertirse en un mero instrumento de presión. Y cuando eso ocurre, el problema ya no afecta únicamente a las hermandades: afecta directamente a la salud moral de toda la sociedad.
