Resulta difícil no advertir la disonancia que se ha producido en el mapa cofrade andaluz ante un debate de indudable calado moral y social. Mientras en Sevilla las hermandades han articulado una respuesta clara, cohesionada y sin ambages frente a la iniciativa del Gobierno de España para reformar la Constitución y blindar el aborto como derecho, en Córdoba lo que predomina es un silencio espeso, prolongado y, para muchos, desconcertante. No se trata de exigir uniformidad, sino de constatar cómo, ante un mismo escenario, unas corporaciones han optado por pronunciarse con firmeza mientras otras han elegido la reserva más absoluta.
La propuesta impulsada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, orientada a introducir un nuevo apartado en el artículo 43 para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad efectiva, ha suscitado un rechazo frontal en distintos ámbitos eclesiales. En Sevilla, ese posicionamiento ha encontrado una expresión especialmente nítida en la voz del arzobispo José Ángel Saiz Meneses, quien ha afirmado con rotundidad que “el aborto, que destruye la vida de los seres humanos más inocentes e indefensos, es un crimen abominable”, subrayando además que “desde su concepción, el embrión es un ser original y autónomo biológicamente”.
A partir de ese pronunciamiento, la reacción en la capital hispalense ha sido inmediata y prácticamente unánime. Las hermandades han salido en masa a respaldar estas palabras, comenzando por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que ha ejercido un papel vertebrador, y continuando con la práctica totalidad de las corporaciones, que han hecho pública su adhesión expresa, reiterando la defensa de la vida desde su inicio como un compromiso irrenunciable. Se ha configurado así una respuesta coral que no deja lugar a dudas sobre la posición mayoritaria del tejido cofrade sevillano.
Frente a ello, en Córdoba, la reacción ha sido notablemente distinta. No ha trascendido, hasta el momento, al menos que yo haya observado, un posicionamiento público ni colectivo ni relevante por parte de las hermandades, y tampoco —salvo error por mi parte— desde la propia diócesis, donde no consta aún una manifestación expresa de su obispo sobre esta cuestión. Este silencio prolongado acentúa la percepción de ausencia de discurso en un debate que sí ha encontrado eco en otros territorios, y plantea interrogantes sobre el papel que las corporaciones cordobesas desean desempeñar en asuntos de esta naturaleza.
Resulta loable reivindicar la autonomía e independencia de las hermandades, pero nunca en detrimento de la defensa firme y sin matices de los postulados y preceptos que conforman la doctrina de la Iglesia católica. Cabe preguntarse, por tanto, si este mutismo responde a una voluntad de prudencia o si, por el contrario, evidencia una oportunidad de oro desaprovechada. Porque las hermandades cordobesas han podido ejercer un liderazgo claro en un asunto de enorme relevancia, precisamente en un momento en el que otros han optado por no hacerlo —al menos hasta ahora—. Con todo, el tiempo aún no se ha agotado, y quizá todavía exista margen para que esa reacción se produzca, permitiendo así que su voz se incorpore a un debate que difícilmente admite la indiferencia.
