En un encuentro con la prensa celebrado en la mañana de este lunes, Manuel Pérez Moya, deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba ha asegurado, ante preguntas de los periodistas, que si el Ayuntamiento de Córdoba reclamase algún tipo de documentación relacionado con la disputa que mantiene con la iglesia en relación con la titularidad de la Catedral, tendría que hacerlo a través de los tribunales, si bien ha reconocido desconocer qué decisión tomaría un juez en caso de alcanzar ese extremo a pesar de que “la historia está a favor nuestra”. Unas declaraciones enmarcadas dentro de la polémica retroalimentada en las últimas semanas merced al anuncio de Isabel Ambrosio de la constitución de una comisión presidida por Federico Mayor Zaragoza encaminada a alcanzar la expropiación del templo para explotar sus posibilidades económicas.
Todo ello a pesar de que el pasado 17 de mayo la alcaldesa afirmó que la creación de una comisión de expertos para asesorarla, con el objetivo de lograr la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba, no supone “ninguna amenaza para los católicos”, pues esa era ya la situación del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, hasta que lo inmatriculó la Iglesia Católica en 2006. En declaraciones a los periodistas, Ambrosio reaccionó así a las críticas del PP a dicha comisión de expertos y después de que el Cabildo Catedral de Córdoba haya calificado de “ataque a la Catedral” y “ataque a la comunidad católica de Córdoba” el anuncio de la alcaldesa de la ciudad sobre la creación de dicha comisión, cuya constitución, según ha avanzado, tendrá lugar el 20 de mayo y, tal y como permite el Reglamento Orgánico Municipal, su creación se aprobará por la junta de gobierno local.
De hecho, Ambrosio defendió que esta decisión se inscribe “dentro de la autonomía que tiene un equipo de gobierno”, en este caso acogiéndose al citado reglamento, para la creación de “comisiones informativas y comisiones que sirvan para asesorar a la Alcaldía”, señalando Ambrosio sobre la comisión de expertos que, “quien la quiera ver como una amenaza será porque quiera ponerle ese titular”, cuando lo cierto es que su creación responde a “un sentimiento que existe en la ciudad” de que “la Mezquita-Catedral es de todos y de todas”. Afirmó entonces que se trata de “ponerle, no solo sentimientos, sino también argumentos”, mediante “las conclusiones” que alcance la comisión de expertos y que ayudará al gobierno municipal a “tomar decisiones, pero en ningún momento”, por mucho que lo haya repetido el PP, con “esa actitud catastrofista y de buscar la alarma social”, se ha llegado a plantear “que el Ayuntamiento esté en condiciones de poder dotarse de argumentos para que la Mezquita-Catedral sea propiedad municipal”.
“Nunca hemos hablado de propiedad –prosiguió–, hablamos de titularidad pública, de volver a la misma situación que teníamos hasta el año 2006”, pues hasta esa fecha, e “históricamente, eso nunca ha sido una amenaza para la ciudad, ni nunca ha sido una amenaza para los católicos y para los cristianos”, y ahora se trata de “volver a la situación que teníamos con anterioridad a la inmatriculación” de la Mezquita por la Iglesia en 2006. Eso, según subrayó la alcaldesa, “no puede ser entendido en ningún momento como una amenaza”, ya que “con la titularidad pública no pierde nadie”, sino que “ganamos todos y ese es el argumento que utiliza la alcaldesa”, amparándose en el Reglamento Orgánico Municipal para constituir, previa aprobación por la junta de gobierno local, “una comisión de asesoramiento para, además de los sentimientos, intentar ponerle argumentos” al objetivo de la titularidad pública de la Mezquita.
Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), dijo que es “curioso” que el PP defienda “lo privado” ante la comisión de expertos para estudiar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, cuando “la obligación de un responsable público es defender lo público”.
En este sentido y en rueda de prensa, el edil se preguntó “cómo es posible que alguien plantee que prevaricar es defender lo que es de todos”, cuando, a su juicio, “lo lógico sería que un responsable público no pudiera defender la propiedad privada frente a la pública”, añadiendo, a este respecto, que “el PP es un experto en temas judiciales de prevaricación”, pero “ante cualquier duda para eso están los juzgados y los fiscales”, ha remarcado. Misma vía que ahora sugiere Manuel Pérez Moya para dilucidar el asunto. En este sentido Pérez Moya ha recordado que la Catedral «gracias a que lo ha conservado la Iglesia y lo ha mantenido vivo, no un museo muerto recordando que TripAdvisor ha declarado que estamos ante «el monumento mejor conservado del mundo, y eso quiere decir que la gestión es de una categoría y de una verdadera responsabilidad la que está asumiendo este Cabildo».
Además, García señaló que “si uno quiere defender a la cúpula de la Iglesia Católica, que se meta a obispo, pero si se mete a concejal o alcalde tiene que defender lo que es de todos”. También, ha agregado que “en la Mezquita hay un debate de si es pública o privada, porque hay un negocio bastante amplio con ingresos de más de 20 millones de euros”, dejando meridianamente claro el verdadero fondo de un asunto que promete incrementar la tensión entre las partes en los próximos meses.
