Para finalizar la columna de la semana pasada, vamos a tratar en esta de hoy un asunto que, por muchos años que pasen, siempre se encuentra en el candelero, me estoy refiriendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el mundo que nos acoge la palabra “derecho” o la expresión “yo tengo derecho a…”, constituyen el pan nuestro de cada día. A este respecto, recuerdo una anécdota que me ocurrió en la catedral de Santiago de Compostela. Mientras que en el altar se entonaban cánticos en honor al Apóstol peregrino, un chaval comenzó a tararear y a gesticular de forma grotesca. Como quiera que le recriminé su actitud durante la celebración eucarística, me espetó que él tenía derecho a expresarse libremente. Este ejemplo nos marca las líneas por las que se mueve la sociedad actual, líneas sabiamente manipuladas y actualizadas por las élites ilustradas americanas en sus fábricas de ensoñaciones y sus factorías de ingeniería social, donde trabajan denodadamente en la creación de nuevos derechos que nada tienen que ver con la razón y con la naturaleza, llegando a plantear como tales una cosa y su contraria, pues no se puede defender el derecho a la vida y a la vez el derecho a acabar con la del nonato. O lo uno, o lo otro, las dos cosas a la vez no es posible, por lo que el desastre está asegurado.
Pero, volviendo al objeto que nos ocupa, hay que remarcar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, hunde sus orígenes en la concepción católica de que la vida humana es sagrada. Efectivamente, cuando los filósofos del siglo XVII formulan sus teorías sobre los derechos naturales, gracias a Brian Tierney, comienzan a beber de las fuentes católicas que, ya en el siglo XII, se plantean la cuestión de los derechos naturales, concretamente en los comentarios al Decretum o Concordancia de las discordancias de los cánones, el famoso compendio de derecho canónico realizado por Graciano entre 1140 y 1142 que, como indica su título, trata de conciliar la totalidad de las normas canónicas existentes desde siglos anteriores, muchas de ellas opuestas entre sí. Y es a partir de estas bases filosóficas, ya transformadas por los pensadores ilustrados, que los padres de la Constitución americana aprobaran un documento en la Convención de Filadelfia de 1787, germen de la futura Constitución que acabaría entrando en vigor dos años después. Este mismo año de 1789, los revolucionarios franceses aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aunque se excluía a las mujeres de muchos derechos. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la ONU proclamó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que siguieron otros documentos internacionales sobre el tema, siendo este documento la base sobre la que los estados democráticos fundamentan su jurisprudencia. Dentro de este compendio, quiero resaltar los artículos 25 y 26 de la Declaración. En el primero se reconoce el derecho a la asistencia médica, mientras que en el segundo se reconoce el derecho a la educación. Pues bien, ambos derechos, como venimos apuntando, hunden sus raíces en la doctrina católica como podemos comprobar acudiendo a la historia de nuestra ciudad.

Foto: Archivo de Francisco Román
A lo largo de la Edad Media son numerosas las congregaciones y hermandades que fundan hospitales, generalmente se trataba de pequeños establecimientos para acoger a pobres desamparados, tal y como ocurre con el Hospital de San Bartolomé en el actual convento de Jesús Nazareno. Recordemos que la hermandad de la misma advocación incluye al Apóstol entre sus titulares. Y no fue este el único hospital que, bajo tal advocación, hubo en nuestra ciudad, pues este Santo gozó de gran devoción en la Córdoba del medievo. Ya en tiempos más recientes nos encontramos con la fundación de un hospital que se acercaría al concepto moderno de estas instituciones, me refiero al Hospital del Cardenal Salazar, actual Facultad de Letras. Originalmente se concibió como colegio para los acólitos y niños del coro de la Catedral, pero una terrible epidemia de peste, que asoló nuestra ciudad en 1704, hizo que el cardenal, por entonces obispo de Córdoba, aceptara las sugerencias de los cabildos municipal y diocesano, para fundar el hospital que se inauguró en 1724, permaneciendo operativo hasta en 1837, año en el que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Beneficencia Pública de 8 de septiembre de 1836, es transformado en hospital de agudos, permaneciendo operativo hasta su clausura en 1969.
El segundo derecho a tratar es el de la educación. De nuevo será la Iglesia la que tome la iniciativa. El más antiguo de nuestra ciudad y que permanece activo, es el colegio de Nuestra Señora de la Piedad, fundado por el padre Cosme Muñoz en 1607, destinado a acoger a niñas huérfanas.
Criar y dotar a doncellas pobres y huérfanas fue la finalidad del colegio de Santa Victoria fundado en 1794 a partir del legado del obispo don Francisco Pacheco, fallecido en 1590.
Por último, hemos de referirnos al primer centro fundado en la ciudad, el antiguo colegio de la Asunción, actual IES Luis de Góngora, fundado por don Pedro López de Alba, médico del Rey Carlos I, a instancias de San Juan de Ávila. El colegio funcionaba ya legalmente al menos desde el año 1569, aunque no fue erigido hasta el día 15 de agosto del año 1577 por bula pontificia de Gregorio XIII. El fin de esta fundación fue el de acoger a los estudiantes pobres que pensaban dedicarse al sacerdocio.
Como podemos comprobar, de nuevo la Iglesia fue culpable de buscar la transformación social de los más desfavorecidos, de ofrecer atención médica a quienes no tenían medios para sufragarla, incluso de enterrar a los más desfavorecidos, origen del desaparecido Hospital de la Misericordia. Esta es la realidad, otra cuestión será la que quieran ofrecer los adalides del pensamiento único.

Foto portada: Fachada del antiguo Hospital de Agudos, actual Facultad de Filosofía y Letras. Archivo de Francisco Román





