El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada a iniciativa del socialista cordobés Antonio Hurtado, en la que se insta al Gobierno a que «en el plazo máximo de seis meses aporte la relación de los 4.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998, entre ellos la Mezquita de Córdoba, y que se reclamen aquellos sobre los que se determine que ha existido una inscripción fraudulenta».
La propuesta que ha salido adelante en la la Comisión de Justicia por dos votos de diferencia, 19 votos a favor, 17 en contra, los de PP y Ciudadanos, y una abstención, habilita el texto del PSOE que requiere al Gobierno el análisis «de los documentos acreditativos de la propiedad utilizados por la Iglesia y, que en caso de no ser suficientes ni válidos, se reclame la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados», como la Mezquita de Córdoba.
Antonio Hurtado ha calificado de «insultante e indignante para gran parte de la ciudadanía» que «la Iglesia se ha adueñado de la Mezquita de Córdoba por 30 euros y además, la haya inscrito como Santa Iglesia Catedral de Córdoba». Además, ha subrayado que el Real Decreto aprobado en 1998 por el PP «dio a la Iglesia la potestad de inmatriculación de bienes como si fuera una institución pública», una norma que ha considerado «claramente inconstitucional». Por su parte, el podemita Ricardo Iglesias ha puesto de manifiesto que se debe «recuperar lo que históricamente ha defendido el Estado español durante varias décadas».
La diputada del PP Isabel Cabezas ha recordado que la Iglesia inmatriculó la Mezquita de Córdoba cuando gobernaba el PSOE y que «sus opiniones y críticas no se corresponden con sus actuaciones», una cuestión que se ha evidenciado con la postura de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que encabeza Rosa Aguilar con el controvertido asunto de la apertura de la segunda puerta de la Catedral. Además Marcial Gómez, diputado de Ciudadanos, ha denunciado que lo que verdaderamente quieren los socialistas es tener «un trozo de pastel de las entradas pagadas por los turistas».
Una noticia que da buena muestra de que el asunto de la propiedad de la Mezquita Catedral está lejos de ser un asunto cerrado y podría convertirse en el nuevo objetivo de quienes han perdido la batalla de la segunda puerta pero continúan pretendiendo ganar la guerra definitiva.
