El pasado lunes, gran parte de los diarios españoles llevaban en portada la voluntad del Ejecutivo de publicar los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por parte de la Iglesia Católica.Desde 2017 el Ministerio de Justicia ha estado trabajando en la elaboración de un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, respondiendo de este modo a la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los diputados en abril de ese mismo año. Sin embargo, a través de una respuesta por escrito al diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado, el Ministerio prevé la publicación del listado una vez concluya. Garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos son los dos principales obstáculos que se encuentra el gobierno para la publicación del mencionado listado.
A través de esta acción el Gobierno va a perseguir, fundamentalmente, dos objetivos: disminuir el número de inmuebles inmatriculados por parte de la Iglesia Católica y recaudar más impuestos. Por una parte, el Gobierno prevé un incremento de las reclamaciones de propiedades por parte de personas físicas y jurídicas por vía judicial. Además, a través del mencionado listado, el gobierno podrá poner especial énfasis en los mecanismos de control sobre aquellos inmuebles que posean o se hayan beneficiado de exenciones fiscales, ya sean en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el plusvalía o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
La Iglesia Católica por su parte se ha mostrado conforme a la iniciativa “siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación”. Además, ha dejado constancia de la importante inversión que realiza en construcción, conservación y rehabilitación de sus inmuebles. En los últimos cincos años la cantidad destinada a estas partidas ha sido de 356.870.133 euros.
Noticias como ésta o la realización de un censo de inmuebles de la Iglesia por parte de los Ayuntamiento de Córdoba o Valencia no hace más que dejar constancia una de las señas de identidad del actual Gobierno, avanzar en la aconfesionalidad del Estado. Debemos ser conscientes de que la rebelión ejecutada por quien ostenta la titularidad de un poder público siempre lleva implícita el privilegio propio de la Administración de obligar y sujetar al administrado a cumplir sus decisiones, en la mayoría de las ocasiones utilizando la fuerza coercitiva para ello.
Es tiempo de cambios, en los últimos años las exigencias legislativas en diferentes ámbitos a las entidades eclesiásticas, incluidas nuestras Hermandades y Cofradías, se están incrementando. A los cambios acaecidos en el año 2015 en el ámbito civil hay que sumar el Reglamento Europeo de Protección de Datos de la Unión Europea o el incremento de los mecanismos de control por parte de las diferentes administraciones tributarias. Por ejemplo, hasta este momento, a la mayoría de las Hermandades y Cofradías se les ha permitido “no presentar sus obligaciones tributarias”, pero son cada vez más los casos de procedimientos de inspección a estas entidades que acaecen por incumplimiento de obligaciones fiscales.
Estamos bajo la lupa de las instituciones públicas y la Conferencia Episcopal Española es consciente de ello. Si en 2016 el ente formalizó un convenio con Transparencia Internacional España, en 2017 se aprobó a través de Asamblea Plenaria un Nuevo Plan Contable para entidades diocesanas, un manual de inversiones financieras o protocolos de medidas de prevención de blanqueo de capitales. Sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer en la gestión y administración de las entidades eclesiásticas.
Se atribuye a Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, la idea de que lo que debe hacer un Gobierno es arrancar al ganso el mayor número posible de plumas sin que éste arme demasiado ruido. Es hora de prepararse para que el Gobierno nos quite las plumas justas.
