Desde que tengo que cumplir ese desagradable trámite anual que supone formalizar la declaración de la renta —presuntamente destinada a sostener servicios esenciales como la sanidad o la educación pública, aunque demasiadas veces uno tenga la sensación de que sirve más bien para financiar el tren de vida de una clase política instalada en privilegios obscenos— siempre he marcado la casilla a favor de la Iglesia católica. Siempre. Y si alguna vez no lo hice, debió de ser por mero despiste u omisión involuntaria. Porque aunque nunca he ocultado mi profunda desconfianza hacia la manera en que se administra buena parte del dinero público en este país, sí creía honestamente que aquella pequeña equis representaba una forma modesta pero digna de colaborar con una institución que todavía desempeñaba una labor social, espiritual y asistencial merecedora de respaldo. Otra cosa muy distinta es aceptar resignadamente que el fruto del trabajo de millones de ciudadanos termine sosteniendo la vida cortesana de personajes como Pedro Sánchez, Óscar Puente o María Jesús Montero, convertidos en símbolos de una política cada vez más alejada de la realidad cotidiana de quienes la financian. Por no hablar de los miles de chiringuitos que reciben pasta pública para vivir del cuento, entre otros los sindicados. Pero incluso en medio de ese hartazgo creciente, la Iglesia seguía conservando para muchos de nosotros un espacio de credibilidad que justificaba seguir marcando aquella casilla. Hasta ahora.
No se trata únicamente de una discrepancia ideológica, aunque también exista. Resulta difícil no advertir cómo amplios sectores de la jerarquía eclesiástica parecen haber asumido un discurso progresivamente escorado hacia posiciones políticas y culturales que chocan frontalmente con la tradición, con la identidad histórica y con las propias raíces de la civilización que dicen representar. Bajo la retórica dulcificada de la solidaridad y de un humanitarismo abstracto, demasiadas veces se percibe una renuncia paulatina a defender aquello que hizo reconocible a la Iglesia durante siglos. Y mientras tanto, quienes continúan sosteniendo devociones, hermandades y formas de religiosidad popular profundamente arraigadas son observados poco menos que como reliquias incómodas a las que conviene tutelar, corregir o directamente domesticar. Ahí encaja perfectamente el tristemente célebre reglamento impulsado en Córdoba, una herramienta intervencionista que sigue pendiendo sobre las cofradías como una auténtica guillotina administrativa y moral. Un texto jurídicamente endeble, contradictorio y deliberadamente ambiguo que permitirá reinterpretar reglas, condicionar juntas de gobierno, fiscalizar cultos e incluso supervisar el destino de las obras asistenciales de las hermandades. Todo ello bajo el control de órganos creados específicamente para limitar la autonomía cofrade mientras buena parte de los medios locales guardan un silencio tan disciplinado como sospechosamente rentable a cambio de publicidad institucional. Porque comprar voluntades mediante dinero público no deja de ser una práctica tan antigua como indecente.
A todo ello se suma una experiencia personal y humana cada vez más difícil de ignorar. Resulta complicado seguir sosteniendo económicamente determinadas estructuras cuando uno presencia episodios de una hipocresía verdaderamente insoportable. Todavía hoy existen individuos revestidos de autoridad moral que, en pleno siglo XXI y parapetados tras un alzacuellos, continúan señalando a terceros por mantener relaciones sentimentales consideradas “irregulares”, negándoles incluso la posibilidad de comulgar mientras otros personajes mucho más dañinos —curas incuidos— atraviesan impunemente las naves de los templos como si fueran modelos de virtud cristiana. Y no hablo de pecados abstractos ni de debilidades humanas —que todos las tenemos—, sino de personas que llevan décadas sembrando división, manipulando conciencias, alimentando odios y utilizando la religión como instrumento de poder personal. Lo verdaderamente ofensivo no es ya la incoherencia moral, sino la pretensión de seguir tratando a los fieles como si fueran incapaces de percibir semejante nivel de cinismo. Porque el problema no es que existan pecadores dentro de la Iglesia —algo inevitable en cualquier institución humana—, sino que demasiadas veces quienes ejercen el poder eclesiástico parecen convencidos de que los demás debemos aceptar sin rechistar cualquier contradicción, cualquier abuso y cualquier imposición revestida de falsa superioridad espiritual.
Por eso este año he decidido que no seré yo quien contribuya, aunque sea mínimamente, a fortalecer determinadas dinámicas de poder que considero profundamente equivocadas. Soy perfectamente consciente de que mi 0,7% resulta insignificante frente a los enormes recursos económicos que maneja la alta jerarquía eclesiástica, pero precisamente por eso al menos quiero conservar el derecho a decidir qué hago con la pequeña parte que sí depende de mí. Si considero necesario colaborar con entidades como Cáritas, ya lo haré directamente, sin necesidad de alimentar estructuras intermedias que demasiadas veces parecen más preocupadas por controlar que por servir. Porque en el fondo la cuestión ya no es exclusivamente económica, sino moral y emocional. Tiene que ver con la creciente sensación de distancia respecto a una institución que, en demasiados aspectos, parece haber olvidado que la fe no puede sostenerse únicamente mediante normas, imposiciones, sonrisas impostadas o campañas de propaganda. Y quizá sea triste reconocerlo, pero cuando uno comienza a plantearse no solo dejar de marcar una casilla sino incluso tomar cierta distancia espiritual de aquello en lo que siempre creyó, significa que algo muy profundo se ha roto por el camino.
