En un nuevo alarde de genial ingeniería normativa, una de las enmiendas al borrador de estatutos de la Agrupación de Cofradías de Córdoba plantea lo inverosímil: vetar el acceso a la junta de gobierno de dicha institución a los hermanos mayores en activo de sus respectivas corporaciones. El argumento —presentado con tono doctoral y enarbolada por quien tiene cuentas pendientes que facturar desde su patética tribuna irrelevante— reposa sobre la presunta falta de independencia y el riesgo de conflicto de intereses.
No obstante, la propuesta es tan desconcertante como ilustrativa del tiempo que nos toca vivir: el principio de sospecha se impone sobre el de mérito, y la fidelidad a la realidad cofrade es sacrificada en el altar de una independencia mal entendida, convertida en coartada para marginar precisamente a quienes más legitimidad poseen.
¿Cabe mayor contradicción? ¿Acaso se desvanece la potencial parcialidad si en lugar del hermano mayor accede a la Agrupación su teniente, su secretario o cualquier otro miembro activo de la misma junta de gobierno? ¿O es que lo que se busca —con sutileza apenas disimulada— es que la representación recaiga exclusivamente en cofrades ajenos al liderazgo, al conocimiento profundo y a la responsabilidad directa de sus hermandades?
La lógica resulta tan endeble que se desmorona bajo su propio peso. Se pretende blindar la institución frente a influencias indebidas, pero paradójicamente se expone a ser gobernada por quienes no han demostrado capacidad ni respaldo suficiente en sus propias corporaciones. Porque si alguien no ha sido considerado apto para formar parte de la junta de su hermandad, ¿con qué autoridad se le encomienda la dirección de un organismo que aspira a representar a todas?
Este razonamiento, propio de una burocracia desconectada de la vida real de las cofradías, ignora que la virtud no puede penalizarse. Convertir en sospechoso al que ha sido elegido por sus hermanos, y privilegiar al que ha permanecido al margen, constituye un disparate que sólo puede explicarse desde el temor a la excelencia. Una mediocracia disfrazada de neutralidad. ¿Es lícito obligar al presidente a rodearse de quienes carecen de cualidades?
Porque no nos engañemos: la desconfianza institucionalizada es la antesala del sectarismo. No se trata aquí de prevenir conflictos concretos —para lo cual existen cauces sobradamente reglamentados—, sino de soslayar la posibilidad de que accedan al gobierno común personas con criterio, peso específico y legitimidad. Lo que inquieta no es la parcialidad, sino la autonomía; no el conflicto, sino la voz propia.
Si realmente se desea una Agrupación sólida, respetada y eficaz, lo coherente sería procurar que su junta esté compuesta por los más capacitados de cada hermandad, independientemente del cargo que ostenten. Porque no hay mayor garantía de imparcialidad que la integridad personal; ni mayor peligro que el vaciamiento progresivo de talento en favor de equilibrios artificiales. Somos hermandades, no entidades políticas.
Erigir una estructura sobre la presunción de deslealtad equivale a condenarla al descrédito. No se construye comunidad expulsando al valioso, sino llamándolo a servir. Lo contrario es legislar contra la virtud. Y eso, en el ámbito cofrade, no sólo es un error: es una tristeza.
