El debate en torno al nuevo reglamento impuesto por la Delegación diocesana de Hermandades no puede limitarse a un análisis técnico de sus disposiciones, porque lo que está verdaderamente en juego es algo de mayor calado: la independencia, la autonomía y la libertad efectiva de las hermandades en ámbitos que, hasta ahora, les eran propios. Bajo una apariencia de ordenación y mejora estructural, el texto introduce mecanismos que, lejos de fortalecer la vida interna de las corporaciones, apuntan hacia una homogeneización dirigida y una progresiva subordinación de sus órganos de gobierno. Especialmente significativo resulta el establecimiento de exigencias formativas de elevado nivel —equiparables a estudios universitarios— para acceder a responsabilidades dentro de las juntas de gobierno, un requisito que, más allá de su coste o dificultad, se revela como un filtro encubierto destinado a delimitar quién puede —y quién no— formar parte de los equipos rectores. No se trata, por tanto, de elevar la cualificación, sino de seleccionar perfiles bajo criterios ajenos a la realidad plural del mundo cofrade. Además de introducir una discrecionalidad difícilmente justificable. ¿Quiénes evaluarán a los evaluados? Y lo que es peor: ¿quiénes evaluarán a los evaluadores?
Pero junto a este diseño normativo, existe un elemento aún más preocupante y, si cabe, más difícil de detectar: la actuación de los bienqueda, esa categoría difusa de actores que, en escenarios como el actual, adoptan una posición calculadamente ambigua. Son los que asisten, se dejan ver, ocupan espacios y aparentan una preocupación incluso vehemente, los que ensayan gestos de indignación y se presentan como críticos circunstanciales, pero cuya conducta responde, en realidad, a una lógica de preservación personal y alineamiento estratégico. Su función, consciente o no, es la de actuar como correa de transmisión de un planteamiento que restringe derechos, amortiguando la reacción colectiva y proyectando una falsa sensación de debate abierto. Son, en definitiva, el caballo de Troya que facilita que determinadas decisiones avancen sin encontrar una oposición cohesionada, porque habrá quien intente sacar rédito de esa ausencia de unanimidad. Y conviene decirlo sin rodeos: cuando llegue el momento, muchos de ellos ejercerán como auténticos traidores, no por sorpresa, sino por coherencia con la posición que ya hoy vienen ocupando.
Conviene no llamarse a engaño: cuando llegue el momento decisivo, estos perfiles no dudarán en situarse del lado del poder, porque su margen de actuación está condicionado por una dependencia funcional que hace inviable cualquier confrontación real. Esos son los peores. Cómplices necesarios capaces de vender a sus semejantes por seguir arrimando el ascua a su sardina, por seguir cobrando 30 monedas de plata a fin de mes. No es una cuestión de matiz, sino de estructura de intereses. Por eso, quienes esperan encontrar en ellos un respaldo efectivo incurren en un error de cálculo que puede resultar determinante. Su aparente equidistancia no es más que una estrategia de supervivencia, y su silencio —o su tibieza— terminará operando como un factor de consolidación del modelo que se pretende imponer.
Llegado ese punto, cuando la balanza se incline y las consecuencias comiencen a hacerse visibles, será imprescindible nombrar las cosas por su nombre y situar a cada cual frente a su responsabilidad. Porque la fractura que pueda producirse no será fruto de una división espontánea, sino el resultado de una acción deliberada en beneficio de quienes concentran la capacidad de decisión. Y entonces, quienes hoy se presentan como observadores prudentes habrán contribuido, con su conducta, a la consolidación de un escenario que limita la libertad de las hermandades. De ahí la advertencia final: cuidado con los bienqueda, porque bajo la apariencia de neutralidad se esconde, con frecuencia, una adhesión diferida que, cuando se haga explícita, lo hará en el momento más oportuno para el poder y más perjudicial para la autonomía del conjunto.
