Apenas unas horas después de que los obispos catalanes emitieran un comunicado criticando «la violencia perpetrada por el Estado contra el pueblo de Cataluña», el obispado de Barcelona ha vuelto dar un giro de tuerca en su política de tomar partido a favor del independentismo catalán y en defensa de quiénes están construyendo muros contra el resto de españoles, engendrando odio y provocando una división irreconciliable de imprevisibles consecuencias posicionándose en favor de la huelga general convocada por el sector independentista de Cataluña, contra el resto de catalanes y contra España y los españoles, a los que consideran diferentes y con el fin último de propiciar una declaración unilateral de independencia cuya consecuencia inevitable derivará en un terrible enfrentamiento social si la cordura no lo impide.
En un comunicado publicado en la web de la Sagrada Familia, el órgano que presuntamente representa a todos los católicos barceloneses ha informado que la misma basílica permanecerá cerrada con motivo de la huelga general convocada por grupos minoritarios contra España y propiciada por la formación anarquista CUP, a los que se han ido sumando sectores independentistas en las últimas horas. Así, el obispado barcelonés se suma a la división social en medio de una de las mayores crisis políticas del país, apoyando a sectores que están en contra de la existencia de la Iglesia, sin que eso parezca tener importancia frente al objetivo de romper en dos Cataluña y enfrentarla con el resto del Estado.
Un paso más en esta senda de locura colectiva, sectarismo y maniqueísmo en la que se ha instalado parte de la sociedad y la jerarquía católica catalanas que ya defendieron este domingo que «hace falta encontrar una salida pacífica y democrática a la situación que se está viviendo» en Cataluña, a través de un comunicado consensuado por la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), que agrupa a los diez obispados y arzobispados catalanes. «La situación de violencia que se vive hoy en Cataluña es deplorable», lamentaba el presidente de la CET, Jaume Pujol, en una misiva en la que ha pedido pararla y a la que se ha sumado en otro comunicado el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
Los representantes de todos los católicos catalanes, los independentistas y los que no lo son, han pedido «diálogo y plegaria» y han encomendado la situación al ‘Dios de la Paz’, en un posicionamiento que coincidió este domingo con la jornada del referéndum, en la que se produjeron cargas policiales con un gran número de heridos. Unas manifestaciones que se producen tras la actitud partidista del obispo de Solsona, Xavier Novell, alentando a la población a sumarse al referéndum ilegal y presumiendo públicamente de participar en él, papeleta en mano, evitando en todo momento condenar la rebelión independentista.
El comunicado no rechaza el referéndum ilegal y, sin embargo, ataca la intervención de las fuerzas de seguridad del Estad, Policía Nacional y la Guardia Civil, que tuvieron que enfrentarse a quienes incumplieron las órdenes judiciales y se acantonaron en sedes abiertas como ilegales colegios electorales y a la inacción de la policía autonómica catalana. «La situación de violencia que se vive hoy en Cataluña es deplorable. Es necesario que se detenga ya la violencia y los enfrentamientos. Hay que encontrar una salida pacífica y democrática» han dicho los obispos, asumiendo las tesis independentistas sin cortapisa alguna y dando de lado a los miles de catalanes, minoría o no, que una vez más se sientes desamparados por la iglesia a la que pertenecen, como durante décadas ocurriese en el País Vasco.
Las declaraciones han sido inequívocas en las últimas horas. El obispo de Gerona, Francesc Pardo, ha apuntado directamente contra el Estado de Derecho al afirmar que «hay que condenar la violencia que sufre el pueblo de Cataluña», denominando «resistencia» al golpe independentista, y «violencia» el uso legítimo de las medidas coercitivas del Estado de Derecho. Por su parte Xavier Novell ha llegado a citar a Juan Pablo II para defender la rebelión del independentismo catalán contra el Estado de Derecho, catalogando como héroes a los presidentes del Parlamento catalán y la Generalitat, los consejeros y muchos diputados, alcaldes y altos cargos de la Generalitat que «están arriesgando su libertad, carrera y patrimonio, para ofrecernos, por primera vez en la historia».
También el abad de Montserrat, José María Soler, se ha sumado a la propaganda piropeando y catalogando de pacíficos a los que han participado activamente en la rebelión y tachando de violentos a quienes han actuado contra la ilegalidad desde el Estado de Derecho. Una posición que contrasta con las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ha manifestado que «la patria está en peligro». Posiciones divergentes que evidencian que la iglesia está tan dividida y enfrentada como la sociedad catalana.
