Hay episodios que, lejos de disiparse con el transcurso del tiempo, se enquistan hasta convertirse en una dolorosa metáfora del fracaso institucional. Lo sucedido en la Hermandad del Carmen de Puerta Nueva desde enero de 2025 constituye uno de esos casos que nadie con un mínimo sentido de la responsabilidad debería despachar con el cómodo recurso del silencio. El «decretazo» firmado por el entonces delegado diocesano para Hermandades y Cofradías, Pedro Soldado, suspendió un proceso electoral ya iniciado, prorrogó sine die el mandato de la junta encabezada por Juan Manuel Vargas Padilla y justificó semejante decisión mediante un documento de extraordinaria gravedad. En él se afirmaba —nada más y nada menos— que el consiliario había rechazado una candidatura «sin que se aportase ninguna motivación canónica o pastoral», pero, al mismo tiempo, se vertían acusaciones de enorme calado contra la única candidata y contra la Pro-Hermandad de la Salud de Puerta Nueva, atribuyéndoles una supuesta estrategia para hacerse con el control efectivo de la corporación letífica y reconvertirla en hermandad de penitencia, por la vía de la absorción. Afirmaciones de semejante trascendencia exigían un respaldo documental, unas pruebas concretas y una fundamentación objetiva que jamás trascendieron públicamente, dejando tras de sí un reguero de sospechas, descrédito y fractura interna. Lo más inquietante no fue únicamente el contenido del decreto, sino la sensación de que la excepcionalidad pasaba a convertirse en norma y de que una decisión que debía ser provisional terminaba inaugurando una interinidad sin horizonte conocido.
Aquel decreto desencadenó una respuesta igualmente contundente de la única candidata, Rosario Morales, quien calificó todo lo ocurrido como «una vergüenza», aseguró que «es todo falso» y llegó a afirmar que no podía creer que un sacerdote redactara un documento de semejante naturaleza. Sus declaraciones dibujaban un panorama profundamente desolador: denunciaba un supuesto intento de perjudicar a la Pro-Hermandad de la Salud de Puerta Nueva, expresaba su temor a una eventual disolución de la corporación, cuestionaba la actuación de distintos responsables eclesiásticos y anunciaba incluso la posibilidad de acudir al Nuncio Apostólico si consideraban que se habían producido irregularidades. A ello añadía acusaciones sobre un supuesto trato parcial, sobre procedimientos que, a su juicio, no se ajustaban a la legalidad y sobre una gestión que, según defendía, dejaba gravemente dañada la imagen de la propia Iglesia. Todo ello conformaba un escenario de enorme tensión en el que las descalificaciones, las sospechas y las recriminaciones mutuas sustituían al diálogo, mientras la hermandad permanecía paralizada. Resulta imposible ignorar la extraordinaria dureza de unas manifestaciones que nunca debieron ser necesarias si quienes tenían la obligación de ejercer como árbitros imparciales hubieran logrado reconducir el conflicto antes de que alcanzara semejantes dimensiones.
Lo verdaderamente incomprensible es que ha transcurrido ya año y medio desde aquella decisión extraordinaria y la provisionalidad continúa instalada en el Carmen de Puerta Nueva con una naturalidad que resulta sencillamente insoportable. Pedro Soldado abandonó sus responsabilidades dejando tras de sí este lamentable legado y, entretanto, su sucesor, JJJ. Güeto, mantiene una situación que sigue sin encontrar una solución visible. ¿Cómo puede sostenerse indefinidamente una prórroga sine die sin que nadie explique cuándo terminará? ¿Qué clase de normalidad institucional puede edificarse sobre una excepcionalidad permanente? Mientras tanto, los devotos contemplan con impotencia cómo una de las advocaciones marianas de mayor arraigo sentimental en Córdoba permanece atrapada en un limbo administrativo que amenaza con cronificarse —recordemos los inconcebibles años de interinidad que ha vivido la Hermandad del Socorro—. La devoción a la Virgen del Carmen de Puerta Nueva, que durante generaciones ocupó un lugar privilegiado en el corazón de los cordobeses, languidece asfixiada por luchas intestinas, intereses personales, judicializaciones impropias del ámbito fraterno y una sucesión de decisiones cuya lógica resulta cada vez más difícil de comprender. El tiempo, lejos de curar las heridas, las ha convertido en cicatrices cada vez más profundas.
Y es precisamente ahí donde emerge con toda su crudeza el insoportable agravio comparativo que muchos observan sin obtener explicación alguna. Mientras la Pro-Hermandad de la Salud de Puerta Nueva fue sometida a una junta gestora —con la consiguiente destitución de su hermano mayor, a través de otro decreto para echar a comer aparte—, el Carmen de Puerta Nueva continúa instalado en una provisionalidad cuasi perpetua, sin elecciones, sin horizonte definido y sin que parezca existir la menor prisa por devolver la palabra a los hermanos. Para muchos la doble vara de medir resulta tan evidente que acaba erosionando la credibilidad de quienes están llamados a garantizar la justicia, la imparcialidad y el buen gobierno de las hermandades. Porque la cuestión ya no reside únicamente en lo que ocurrió en enero de 2025, sino en todo lo que ha dejado de hacerse desde entonces. El silencio administrativo, la ausencia de respuestas y la inacción prolongada —la nada, en definitiva— terminan proyectando una imagen devastadora de la autoridad eclesiástica, alimentando inevitablemente la percepción de que para unos existen reglas estrictas mientras para otros parecen reservarse excepciones permanentes. Si esta situación continúa indefinidamente, no solo estará en juego el futuro institucional del Carmen de Puerta Nueva —una hermandad herida de muerte—, sino también la confianza de muchos fieles en un sistema que no puede permitirse aparecer condicionado por sospechas, infundadas o no, de presunto amiguismo, supuesta animadversión o tal vez el interés de algunos, sospechas que sólo pueden erradicarse mediante un deseable ejercicio de transparencia que, hasta el momento, ha brillado por su ausencia y que se hace cada vez más necesario. Porque la justicia, para ser verdaderamente justicia, debe ejercerse del mismo modo para todos.
